Constituida una coordinadora ciudadana para frenar la nueva Ley del Suelo regional
Las entidades denuncian que el texto promueve un crecimiento urbano ilimitado, desprotege el patrimonio, no resuelve el acceso a la vivienda y recorta la participación de la ciudadanía.
GETAFE/28 JUNIO 2026.- Más de una treintena de colectivos vecinales, ecologistas, sindicatos y profesionales de la Comunidad de Madrid se han unido en la coordinadora «Madrid contra la LIDER». Esta plataforma ciudadana busca frenar el anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una normativa que califican de «ultraliberal y privatizadora». Las entidades denuncian que el texto promueve un crecimiento urbano ilimitado, desprotege el patrimonio, no resuelve el acceso a la vivienda y recorta la participación de la ciudadanía. La iniciativa se presentará públicamente el próximo martes 30 de junio a las 19:00 horas en la sede de CCOO en Madrid.
Las organizaciones que integran este nuevo frente común alertan de lo que consideran un «asalto al territorio» y una desregulación encubierta bajo la excusa de simplificar los trámites urbanísticos. El anteproyecto del Gobierno regional cuenta con 323 artículos y ha sido sometido a un proceso de información pública que los colectivos califican de «exiguo y apresurado». Según los denunciantes, la ley beneficiará a los grandes inversores en detrimento del interés general.
Entre las principales amenazas detectadas, la coordinadora señala que la norma no garantiza la vivienda protegida y fomenta la especulación inmobiliaria. También critican la privatización del control urbanístico mediante Entidades Privadas Colaboradoras (ECU), lo que generaría un conflicto de intereses al permitir que los promotores contraten a sus propios inspectores. Asimismo, advierten de que la ley permite actuaciones en suelo rural no protegido y usos excepcionales en suelo rural protegido, poniendo en riesgo los valores agrarios y naturales.
Por último, el colectivo denuncia que el texto desprotege el patrimonio histórico-cultural y restringe las posibilidades de la ciudadanía para acudir a la Justicia con el fin de anular planes ilegales, un derecho reconocido desde el año 1956. El objetivo de la coordinadora es llevar esta información a los barrios y pueblos de la región para articular una respuesta unitaria.
