El inquilino de Juan de la Cierva llama a la Policía Nacional ante el acoso de una empresa de desocupación
El residente, que asegura tener un contrato de alquiler en vigor hasta 2027 y una resolución judicial a su favor, denunció sufrir acoso por parte de los agentes privados mientras las cámaras de Telemadrid grababan la escena.
GETAFE/05 MARZO 2026.- El conflicto en la vivienda de Juan de la Cierva ha dado un nuevo paso con la intervención de las fuerzas de seguridad. El inquilino, que reside en el inmueble desde hace doce años, se vio obligado a llamar a la Policía Nacional cuando miembros de una empresa de desocupación se presentaron en su puerta. La situación se produjo en presencia de un equipo del programa Madrid Directo, que captaba el momento en que los agentes privados intentaban negociar una salida pactada.
Los representantes de la empresa de desocupación comunicaron a la policía que los propietarios, familiares de un vecino llamado Arsenio, estaban dispuestos a «perdonar» una supuesta deuda económica. La condición para este acuerdo era que el arrendatario abandonara la casa de forma voluntaria en un plazo de treinta días, comprometiéndose la empresa a «no molestarle» durante ese periodo.
Sin embargo, el afectado rechazó la propuesta al considerar que su estancia es totalmente legal. Según su testimonio, una jueza le dio la razón en primera instancia en el litigio que mantiene con la propiedad. El vecino sostiene que dispone de un contrato de alquiler fijo con validez hasta septiembre de 2027 y que las acusaciones de impago son falsas.
El origen de la disputa, según el residente, se remonta a agosto pasado tras un intento fallido de compraventa del inmueble. El inquilino afirma que, tras realizar reformas por su cuenta, el dueño se negó a seguir cobrando las mensualidades. «Tengo los recibos, es todo mentira», declaró el vecino, quien asegura que el entorno del propietario impide que este acuda a cobrar la renta como hacía habitualmente desde 2017.
Marco legal y situación judicial
La normativa vigente estipula que los contratos de alquiler tienen duraciones mínimas de entre cinco y siete años. En este caso, el inquilino defiende que su contrato sigue vigente y que los vídeos y registros de llamadas demuestran su voluntad de pago. Por su parte, el sector de las empresas de desocupación se encuentra bajo el foco debido a las constantes denuncias por tácticas de intimidación, aunque las sentencias condenatorias contra estas entidades siguen siendo escasas en el registro del Consejo General del Poder Judicial.
