CEAR alerta de graves retrocesos en el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo aprobado por el Gobierno de PSOE y Sumar
La entidad denuncia que el texto adopta la línea más restrictiva de la Unión Europea e ignora las demandas de las organizaciones sociales, coincidiendo con una situación crítica en Ceuta tras la llegada ininterrumpida de miles de personas.
GETAFE/30 AGOSTO 2026.- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha advertido este 26 de agosto de 2026 sobre los graves riesgos que supone para los derechos humanos el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo y modificación de la Ley de Extranjería impulsado en primera vuelta por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar. La entidad denuncia que el texto adopta la línea más restrictiva de la Unión Europea e ignora las demandas de las organizaciones sociales, coincidiendo con una situación crítica en Ceuta tras la llegada ininterrumpida de miles de personas.
La organización social, que tuvo un papel clave en la elaboración de las leyes de asilo de 1984 y 2009, lamenta que el Ejecutivo español haya dejado pasar la oportunidad de liderar la protección internacional con un enfoque garantista. Según los directores generales de la entidad, Mónica López y Mauricio Valiente, la norma plantea medidas regresivas y fallidas que vulneran el derecho de asilo y ponen en grave peligro a las personas necesitadas de protección.
Entre los principales retrocesos señalados por la entidad destaca el debilitamiento de las vías legales y seguras, ya que la tramitación de solicitudes desde embajadas y consulados queda supeditada a la pura discreción de las representaciones diplomáticas. Asimismo, el anteproyecto amplía el uso del procedimiento fronterizo —menos garantista— a supuestos opcionales que el reglamento europeo no exige con carácter obligatorio, como la procedencia de terceros países seguros o de origen. También se contempla la creación de listados nacionales de países seguros y la suspensión de garantías en contextos de crisis o fuerza mayor.
En cuanto a las medidas cautelares y de retención, la propuesta normativa amplía la duración de las privaciones de libertad. El periodo de triaje inicial de 72 horas podrá prorrogarse judicialmente hasta 7 días, mientras que la estancia en frontera pasa de 8 días a un máximo de dos semanas. Aunque se mantiene el límite de 60 días en los centros de internamiento, el texto autoriza a reinternar a una persona hasta 120 días si presenta una solicitud de asilo.
Paralelamente, las razones humanitarias desaparecen del marco legal de asilo y se endurecen de manera drástica las condiciones de reagrupación familiar. De aprobarse el texto actual, las personas refugiadas deberán acreditar medios económicos y disponer de una vivienda adecuada si solicitan traer a sus familiares una vez transcurrido un año desde la concesión del estatuto.
Ante la futura tramitación de la norma en el Congreso de los Diputados tras recabar los informes preceptivos, CEAR ha reclamado al Gobierno central que recapacite y retire la propuesta actual para evitar aprobar la legislación más involucionista del periodo democrático.
