La plataforma vecinal Madrid Contra la LIDER acusa al Gobierno de PSOE y SUMAR de recortar el control ciudadano en el urbanismo
El colectivo alerta de que el borrador del Real Decreto-Ley estatal y el proyecto de ley regional de Ayuso coinciden en priorizar los grandes desarrollos inmobiliarios frente al cumplimiento de la ley y el derecho a una vivienda asequible.
GETAFE/01 AGOSTO 2026.- La coordinadora Madrid Contra la LIDER ha acusado este miércoles al Gobierno Central de Pedro Sánchez y a la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso de aliarse para reducir el control social sobre las actuaciones urbanísticas. El colectivo alerta de que el borrador del Real Decreto-Ley estatal y el proyecto de ley regional priorizan los grandes desarrollos inmobiliarios frente al cumplimiento de la ley y el derecho a una vivienda asequible.
La denuncia se produce tras conocerse el borrador del Real Decreto-Ley en materia de suelo y vivienda del Ejecutivo estatal, cuya aprobación se ha aplazado a septiembre. Según la plataforma vecinal, este texto coincide directamente con la propuesta de la Ley de Impulso y Desarrollo Sostenible (LIDER) aprobada por el Gobierno regional. Ambos textos legales buscan garantizar la continuidad de las grandes inversiones urbanísticas, incluso cuando hayan sido tramitadas vulnerando la legalidad vigente.
El colectivo señala que la normativa estatal limitará la anulación de un plan urbanístico a casos con defectos extremos. De forma simétrica, la ley autonómica fragmentará las actuaciones para salvaguardar las partes consideradas independientes. Esta convergencia legal permitirá que faltas graves en la participación pública, la evaluación ambiental o la protección de recursos básicos sean tratadas como errores menores y subsanables sobre el papel.
Asimismo, la reforma impedirá que la invalidez de un plan general suspenda de forma automática los permisos posteriores. De este modo, las asociaciones de la sociedad civil se verán obligadas a recurrir cada acto administrativo de forma individual. Esta barrera administrativa aumentará significativamente los costes económicos y los tiempos de tramitación judicial para los vecinos afectados.
Las medidas contemplan además que un plan anulado siga produciendo efectos jurídicos mientras se corrige el expediente inicial. Paralelamente, el borrador estatal fijará un límite de cuatro años para poder impugnar indirectamente estas actuaciones. La coordinadora concluye que este modelo no resolverá la problemática de la vivienda y exige la retirada inmediata de ambas propuestas legislativas.
