Colectivos ecologistas y vecinales denuncian que la nueva Ley del Suelo regional favorecerá la especulación
La coordinadora Madrid contra la LIDER, integrada por la Plataforma Ecologista Madrileña, alerta sobre el impacto negativo del nuevo proyecto urbanístico en los municipios de la región y anuncia movilizaciones ciudadanas para el próximo mes de septiembre.
GETAFE/26 JULIO 2026.- El proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid genera un fuerte rechazo entre los colectivos sociales y ambientalistas de la región. La coordinadora ciudadana Madrid contra la LIDER, en la que se integra la Plataforma Ecologista Madrileña, denunció este jueves 23 de julio que la futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) facilitará la especulación inmobiliaria. Según la organización, la norma recortará garantías legales y ambientales bajo la promesa de agilizar los trámites urbanísticos.
Los colectivos afirman que el proyecto redactado por el Gobierno regional carece de un diagnóstico previo sobre la situación real del territorio. Asimismo, señalan que el texto desatiende la crisis actual de acceso a la vivienda y no plantea medidas para controlar el aumento de los precios. Las entidades alertan de que la norma reduce el control público y la participación ciudadana en la ordenación de los municipios.
Entre los aspectos más críticos, la coordinadora señala que los nuevos Planes Estratégicos Municipales delegarán la planificación urbana en la iniciativa privada mediante Planes Ejecutivos. Además, advierten de que la ley permitirá desarrollar actuaciones urbanísticas sin cortapisas en el suelo rural no protegido, el cual representa el 22,5 % del territorio madrileño. La rebaja en la protección del patrimonio histórico y la implantación de entidades privadas para agilizar licencias son otros de los puntos cuestionados.
La plataforma sostiene que la norma permitirá al Ejecutivo regional intervenir directamente en los municipios al margen de la opinión de los ayuntamientos afectados. Ante esta situación, las organizaciones firmantes han calificado la propuesta como una irresponsabilidad y han convocado movilizaciones ciudadanas a partir de septiembre para exigir la paralización de la ley.
