No al proyecto de la calle Churruca
Considero intolerable subastar suelo para pisos de lujo teniendo 117 millones de euros guardados en el banco con la excusa de construir un nuevo centro juvenil
GETAFE/25 JULIO 2026.- Imagino a un chico de veinte años caminando por la calle Madrid de Getafe. El viento frío de la tarde golpea su rostro desanimado. Busca un piso de alquiler barato para poder emanciparse. La realidad le devuelve un bofetón de cruda decepción. Getafe es hoy una de las ciudades más caras de la región. Mientras tanto, su propio ayuntamiento duerme plácidamente sobre oro.
Yo considero esta situación una absoluta tomadura de pelo. Me asombra enterarme de los datos del último informe oficial. El Consistorio getafense acumula más de 117 millones de euros en depósitos. Es un tesoro público inmóvil, pudriéndose en cuentas bancarias. Es dinero de los vecinos que no genera ningún beneficio social. Pienso que guardar esa fortuna bajo el colchón es inmoral.
El dolor aumenta cuando analizamos su última y sorprendente ocurrencia. El Ayuntamiento decide sacar a concurso una valiosa parcela pública en una parcela en la Calle Nuñez de Balboa, 51. Quieren construir allí viviendas libres, es decir, extremadamente caras. ¿Y todo esto para qué? Lo hacen para conseguir un local juvenil de quinientos metros cuadrados. El trato me parece un pésimo negocio para los ciudadanos. Regalamos suelo público para que los promotores hagan caja fácil. A cambio, nos devuelven las migajas de un pequeño local.
Yo me rebelo ante esta lógica de mercado neoliberal. El municipio tiene liquidez de sobra para levantar ese centro. No necesita mendigar favores a las grandes constructoras privadas. Con 117 millones disponibles, la parálisis presupuestaria es injustificable porque tenemos las herramientas financieras para actuar de inmediato. Pienso que la vivienda pública debe ser la prioridad absoluta. Esos pisos planificados deberían destinarse al alquiler social. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda puede gestionarlos. Es la herramienta perfecta para frenar la sangría del alquiler.
¿Por qué se empeñan entonces en privatizar nuestro futuro? Quizá se escuden detrás de oscuras trabas burocráticas estatales. Siempre hay una ley que impide actuar al político. Pero yo exijo valentía a nuestros gobernantes locales hoy. Si las leyes estatales frenan la vivienda, hay que luchar. La Alcaldesa debe salir públicamente a denunciar este absurdo legal. Debe plantarse ante el Presidente del Gobierno sin dudarlo un segundo. Hay precedentes claros de esta exigencia de reforma urgente. El propio Gobernador del Banco de España ya lo ha reclamado. Si las instituciones financieras piden cambios, ¿por qué calla Getafe?
La Delegación de Juventud tampoco debe colaborar en esta actuación; los jóvenes llevan años reclamando un nuevo centro juvenil esto es obvio. Pero el principal problema de los jóvenes es la vivienda hablamos de 3000 metros cuadrados que deben destinarse para viviendas públicas municipales de alquiler asequible gestionadas por la EMSV. No podemos construir un centro para los jóvenes mientras ejecutamos medidas que expulsan a los jóvenes de nuestra ciudad. La Delegación de Juventud, su concejala, no lo debe permitir.
Un piso en Getafe devora ya la mitad de un sueldo medio. Esta asfixia económica expulsa a las nuevas generaciones de sus barrios. Yo considero que un ayuntamiento no es una empresa privada lucrativa. Su objetivo no es acumular depósitos bancarios para lucir balances saneados. Su fin primordial es proteger la vida de sus vecinos vulnerables. Un saldo bancario de 117 millones es un síntoma de inacción política.
Imaginemos el impacto de construir pisos de alquiler público. Los precios de la ciudad bajarían por la presión de la oferta. Los jóvenes podrían planificar sus vidas sin el fantasma del desahucio. El comercio local reviviría gracias al consumo de estas nuevas familias. Esto sí es hacer política social con mayúsculas y sentido común.
La riqueza pública debe traducirse siempre en bienestar para la comunidad. Es absurdo presumir de cuentas saneadas ante familias que no llegan a fin de mes. ¿De qué sirve el superávit si los vecinos sufren exclusión habitacional crónica? Yo pienso que la gestión pública debe juzgarse por sus resultados sociales reales. Los bancos ganan intereses mientras la juventud pierde la esperanza de un hogar. Esta paradoja hiriente demuestra la desconexión total de nuestros gobernantes actuales.
Defender la autonomía local exige alzar la voz contra el centralismo paralizante. No sirve de nada quejarse en privado en los pasillos municipales. Es la hora de exigir con firmeza cambios legislativos reales al Gobierno. La vivienda es un derecho constitucional que no admite más esperas vacías. No podemos permitir que el suelo de todos enriquezca a unos pocos.
Yo demando que se suspenda de inmediato ese concurso vergonzoso. Utilicen el dinero público para construir el futuro de nuestra juventud hoy.
José Luis Sánchez
