Más Madrid, el partido de la industria farmaceútica
El Ministerio de Sanidad y los grandes laboratorios se alían en una reforma legal que blinda el secreto de los precios de los fármacos y desprotege al ciudadano
GETAFE/02 JULIO 2026.- Me asombra comprobar cómo la desfachatez política es capaz de camuflarse bajo el manto del consenso. La última reforma realizada por la ministra de Sanidad, Mónica García, ha logrado poner de acuerdo a SUMAR, al PSOE y al PP. ¿El objetivo común? Un auténtico atropello a la ciudadanía: legalizar la opacidad en el precio de los medicamentos. Pienso que es intolerable que el Estado use el dinero de todos para pagar facturas que prefiere mantener en secreto.
Considero que estamos ante una rendición incondicional ante la industria farmacéutica. El Ministerio se escuda en conceptos pomposos como la «sostenibilidad presupuestaria» o la «capacidad negociadora del Estado». Qué casualidad. Son exactamente los mismos argumentos que los laboratorios llevan años arrastrando por los tribunales para frenar la encomiable batalla de la Fundación Civio por la transparencia. Que la justificación del Gobierno coincida palabra por palabra con la defensa de un laboratorio merece una explicación inmediata.
Nadie ha demostrado que la claridad dañe al sistema. Desde 2019, la industria solo ofrece especulaciones y vagas amenazas de desabastecimiento. Yo prefiero mirar los hechos. La OMS instó en su Resolución WHA 72.8 a publicar los precios netos. Además, la ciencia ya ha desmontado la mentira de la opacidad protectora. Un riguroso estudio publicado en Frontiers in Pharmacology desveló el coste real de 15 fármacos oncológicos en 23 hospitales europeos. El resultado es demoledor: la mitad de los hospitales compraba a ciegas y pagaba hasta un 22% por encima de la media de su propio país sin saberlo. Quien no sabe lo que pagan los demás, negocia mal. La falta de transparencia solo beneficia al vendedor.
No nos dejemos engañar por los parches que promete el texto sobre colgar «información agregada». Si el precio unitario es secreto por ley, la información accesible será solo el cuento que Sanidad decida narrarnos. Esta reforma borra la frontera ética del gasto público. Fijar el precio de un fármaco es una decisión administrativa y nos atañe a todos. Exijo que se detenga este blindaje del secretismo mercantil y se devuelva la luz a las cuentas públicas, porque con la salud y el dinero del pueblo no se juega a los dados en despachos ocultos.
José Luis Sanchez
