El obsceno desprecio a los medios comunitarios
El Gobierno de Pedro Sánchez regala frecuencias al mejor postor comercial mientras condena al limbo legal a las radios y televisiones de proximidad.
GETAFE/27 MAYO 2026.- Yo considero que la última decisión del Consejo de Ministros no es un simple trámite administrativo, sino una bofetada directa al pluralismo informativo en nuestro país. Este martes, mientras el presidente Pedro Sánchez cumplía con su agenda oficial en Roma, su Gobierno formalizó la adjudicación de una nueva licencia de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito estatal al consorcio Siete (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo).
Me asombra la urgencia y el descaro: el Ministerio para la Transformación Digital, pilotado por Óscar López, impone un calendario estricto de seis meses para que el nuevo canal comience sus operaciones técnicas antes de que finalice noviembre de 2026. ¿Por qué tanta prisa? Pienso que la respuesta es obvia si miramos el calendario: el operador estará a pleno rendimiento justo antes del ciclo electoral de 2027. Una concesión por 15 años, blindada y lista para emitir, que demuestra cuáles son las verdaderas prioridades del Ejecutivo.
Mientras el poder reparte el pastel audiovisual entre grandes corporaciones, España sigue incumpliendo de forma sistemática la legislación europea de apoyo a los medios comunitarios.
A mí me indigna profundamente este doble rasero. Los medios comunitarios —esas plataformas de radio, televisión y prensa sin ánimo de lucro gestionadas por movimientos sociales, vecinales y ciudadanos— representan el verdadero «tercer sector de la comunicación».
No buscan el beneficio económico; su objetivo es la participación ciudadana y el fomento de la diversidad cultural. En Europa existen más de 2.700 radios y televisiones de este tipo. Países como Francia y Alemania cuentan con un reconocimiento legal consolidado, y en el caso francés, reciben subvenciones públicas de hasta un 40% para garantizar su sostenibilidad.
Aquí, en cambio, la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene documentados más de 200 medios atrapados en la precariedad. Proyectos históricos y vitales como Cuac FM en A Coruña, ECO Leganés en Madrid, o Color Comunitaria y Radio Almaina en Andalucía, operan mayoritariamente en municipios de menos de 100.000 habitantes gracias al trabajo voluntario. Yo veo en esto un asfixia deliberada: a pesar de las directrices del Parlamento Europeo y de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), el sector carece de un reconocimiento estatal definitivo y de ayudas estructurales.
Señores del Gobierno, dejen de mercadear con el espectro radioeléctrico de todos y cumplan de una vez por todas las directrices europeas para rescatar a los medios vecinales de la exclusión legal.
César Pérez Serrano
