La mitad de las viviendas protegidas construidas en España desde 1991 pasarán al mercado libre en 2030
En Getafe, promociones enteras del Plan Joven sufren ya subidas drásticas de alquiler y precios de venta desorbitados por parte de fondos de inversión como Blackstone, al vencer los plazos legales que limitaban sus precios.
GETAFE/24 MAYO 2026.- Un informe de la Fundación Civio desvela que el actual modelo residencial provocará la pérdida de 750.000 inmuebles de protección oficial en los próximos cuatro años. En Getafe, promociones enteras del Plan Joven sufren ya subidas drásticas de alquiler y precios de venta desorbitados por parte de fondos de inversión como Blackstone, al vencer los plazos legales que limitaban sus precios.
El parque de vivienda protegida en España sufre una crisis estructural que amenaza su propia existencia. A finales de 2030 se habrá perdido la mitad del millón y medio de viviendas protegidas construidas en el país desde 1991, según un exhaustivo análisis de datos publicado este 21 de mayo de 2026 por la Fundación Civio. La investigación, basada en datos del Ministerio de Vivienda y de los gobiernos autonómicos, revela que el fin de los plazos de protección y las descalificaciones anticipadas están extinguiendo este modelo residencial. A cierre de 2025, algo menos de 1,13 millones de inmuebles mantenían su protección, pero más de medio millón de ellos ya han sido desprotegidos de forma voluntaria por sus propietarios.
Esta realidad nacional afecta de forma directa a la localidad. En Getafe, una promoción de 240 viviendas construidas en 2012 bajo el amparo del «Plan Joven» por la empresa Egicam (Grupo Egido) ejemplifica este problema. Los inmuebles, originalmente destinados al alquiler con opción a compra para jóvenes, perdieron su protección tras cumplirse el plazo de diez años establecido por la normativa. Al pasar al mercado libre, el fondo de inversión Blackstone, que adquirió la promoción a la Sareb por una media de 66.700 euros por vivienda, ha elevado los alquileres hasta los 1.000 euros mensuales y exige más de 280.000 euros a los inquilinos que quieran comprar sus casas.
Los expertos consultados en el informe de Civio señalan que la causa principal de esta situación es el diseño del sistema español. Históricamente, el modelo se ha centrado en la construcción de viviendas protegidas para la venta en lugar de fomentar el alquiler público permanente. Desde el año 2014, el 64,1% de las viviendas calificadas se destinaron a la propiedad y solo el 20% al arrendamiento. Además, casi el 80% de estas promociones han sido de carácter privado. Esta falta de vivienda pública de alquiler impide la rotación de los inmuebles y permite la especulación financiera una vez que caducan los periodos de protección regulados por las comunidades autónomas.
Las proyecciones para los próximos años confirman la aceleración de este proceso de liberalización. Para finales de 2030, un total de 736.314 viviendas habrán pasado definitivamente al mercado libre en toda España, a las que se podrían sumar otras 206.006 descalificaciones anticipadas. En el caso de los afectados de Getafe, muchos vecinos afrontan procesos judiciales de desalojo tras expirar sus contratos en julio de 2022, mientras pagan sus mensualidades sin una renovación formal a la espera de que los tribunales resuelvan su situación habitacional.
