Ecologistas y animalistas se movilizan contra la nueva Ley de Caza de la Comunidad de Madrid
Los colectivos critican que el texto, redactado a favor del sector cinegético, supone un retroceso ético y medioambiental al ampliar las especies que se pueden abatir, recuperar métodos cruentos y restringir el acceso ciudadano al medio natural.
GETAFE/27 MARZO 2026.- La nueva normativa impulsada por el Ejecutivo regional busca sustituir a la ley vigente desde 1970. Sin embargo, las organizaciones denunciantes sostienen que el texto se ha elaborado «al dictado» de un sector que apenas representa al 0,63 % de la población madrileña, pero que controla más del 70 % del territorio.
Uno de los puntos más críticos es el aumento de la presión sobre la fauna silvestre. El listado de especies cinegéticas pasará de 24 a 31, incluyendo aves de humedales cuyas poblaciones están actualmente en declive. Además, la ley permitirá la caza durante todos los días del año, eliminando las actuales trabas temporales.
El uso de la tecnología también genera controversia. La norma autoriza el empleo de drones, dispositivos térmicos y visión nocturna para localizar a las piezas. Según los colectivos, estas herramientas acorralan a los animales y les impiden cualquier posibilidad de huida, transformando la gestión en una actividad sin escapatoria.
En cuanto al bienestar animal, se denuncia el uso masivo de perros de rehalas —hasta 500 por montería— que quedan excluidos de la Ley de Protección de Animales de Compañía. Asimismo, se recuperan prácticas como el uso de animales vivos como señuelo y técnicas de caza en madriguera para jabalíes y zorros.
La ley también afecta al uso público de la sierra y el campo. El texto prohíbe el acceso a caminos públicos y márgenes de ríos durante las jornadas de caza. Además, penaliza a las personas no cazadoras que accedan a estas zonas, bajo el concepto de «dificultar el aprovechamiento cinegético».
Finalmente, las asociaciones advierten que la Comunidad de Madrid delegará la supervisión de los ejemplares abatidos en los propios titulares de los cotos. Ante esta situación, han anunciado el inicio de campañas informativas y movilizaciones ciudadanas para frenar la aprobación de la normativa y proteger la biodiversidad regional.
