El nuevo Plan de Respuesta a la Crisis otorga a los ayuntamientos el control para liderar las comunidades energéticas locales
Para apoyar este liderazgo local, el decreto activa una partida de 10 millones de euros destinada a las Oficinas de Transformación Comunitaria, que servirán como centros de asesoramiento municipal para los vecinos
GETAFE/23 MARZO 2026.- El Gobierno de España ha reforzado el papel de las administraciones locales en la transición energética mediante el Real Decreto-ley 7/2026, otorgando a los ayuntamientos competencias directas y recursos económicos para gestionar el autoconsumo. La normativa, aprobada tras la crisis en Oriente Medio, permite a los municipios impulsar comunidades energéticas que podrán compartir electricidad en un radio de 5 kilómetros. Para apoyar este liderazgo local, el decreto activa una partida de 10 millones de euros destinada a las Oficinas de Transformación Comunitaria, que servirán como centros de asesoramiento municipal para los vecinos.
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2026, los ayuntamientos dejan de ser meros observadores para convertirse en actores principales de la soberanía energética. La nueva ley permite a las entidades locales promover, participar y gestionar directamente comunidades energéticas. Esto significa que el consistorio podrá liderar proyectos donde edificios municipales, comercios y viviendas particulares compartan energía renovable generada en instalaciones públicas o privadas del municipio.
Uno de los pilares de este refuerzo competencial es la ampliación de la distancia de autoconsumo hasta los 5 kilómetros. Esta medida técnica dota a los ayuntamientos de una herramienta clave para planificar redes de energía que cubran barrios enteros o polígonos industriales desde un solo punto de generación. De este modo, el gobierno local puede organizar de forma más eficiente el reparto de energía barata y limpia entre sus ciudadanos.
Para garantizar que los ayuntamientos tengan capacidad técnica, el decreto financia con 10 millones de euros las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC). Estos organismos, de gestión mayoritariamente municipal, serán los encargados de dinamizar los proyectos, resolver dudas legales a los vecinos y facilitar la creación de las cooperativas o asociaciones necesarias para que la comunidad energética funcione legalmente.
Finalmente, la normativa otorga a los ayuntamientos un mecanismo de control sobre los grandes proyectos de renovables. A partir de ahora, los promotores de grandes instalaciones deben acreditar procesos de participación ciudadana y pactar con las administraciones locales la transferencia de beneficios directos a la comunidad. Esta medida asegura que el impacto de la transición energética se traduzca en mejoras económicas tangibles para las arcas municipales y el bienestar de los residentes.
