Alba Leo: “Hagamos lo imposible hasta que haya verdad, justicia y reparación para las 7291 víctimas y sus familias. No vamos a dejarlas solas”
A instancias de la Asociación 7.291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias, Podemos Getafe, Psoe y Más Madrid exigirá reabrir la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia.
GETAFE/17 MARZO 2026.- Podemos Getafe, junto con Psoe y Más Madrid, llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento una iniciativa de la Asociación 7.291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias reclamando que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID-19, y exigiendo verdad, justicia y reparación para que se depuren responsabilidades políticas.
Entre los meses de marzo y abril de 2020, 7.291 personas murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria ni atención sanitaria adecuada, como consecuencia de los protocolos de la vergüenza enviados desde la Consejería de Sanidad. En estos protocolos se prohibía el traslado de las personas enfermas o con algún tipo de dependencia a hospitales o centros medicalizados, aún habiendo plazas libres. Sin embargo, hay que resaltar que aquellas personas con seguro privado, sí pudieron ser trasladadas a hospitales privados.
Alba Leo, teniente de alcaldesa y portavoz de Podemos Getafe señala que: “no vamos a olvidar lo que pasó, no vamos a dejar solas a las familias que están luchando contra viento y marea para que se haga justicia. Hagamos lo imposible hasta que haya verdad, justicia y reparación para las 7291 víctimas y sus familias. No vamos a dejarlas solas.”
Por su parte, Mayte Rodríguez, portavoz de la Asociación 7.291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias, ha declarado que: “91 víctimas hubieran sido muchas, 291 víctimas hubiese sido inadmisible, pero es que 7.291 víctimas constituyen la mayor violación de derechos humanos de nuestro país en tiempos de paz. Y estas víctimas no se produjeron por el COVID, estas víctimas se produjeron por una decisión política del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.”
Rodríguez ha denunciado además la falta de investigación judicial: “esto no se ha investigado judicialmente hasta ahora, seis años después, porque desde la Fiscalía de Madrid se archivaron todas las causas sin investigar.”
Las declaraciones en sede judicial de Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y firmante de los protocolos, han ratificado la veracidad y aplicación de dichos documentos y que ninguna residencia fue medicalizada, además de reconocer que advirtió por correo electrónico al entonces consejero de Sanidad de que las medidas adoptadas podían tener consecuencias catastróficas para las personas residentes.
La iniciativa municipal insta a la Asamblea de Madrid a reabrir la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias, disuelta tras la convocatoria de elecciones anticipadas de 2021, con el objetivo de avanzar en la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias, y para evitar que hechos similares puedan repetirse.
En este sentido, Mayte Rodríguez ha recordado que: “la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid en su día fue cerrada por Isabel Díaz Ayuso porque no le interesaba que se continuara la investigación. Ahora, seis años después, con un proceso judicial abierto, con nuevas pruebas y nuevas declaraciones de los responsables, exigimos que Madrid sea una comunidad transparente y que la Asamblea abra de nuevo la comisión de investigación, porque 7.291 personas merecen justicia y porque el resto de la ciudadanía madrileña no merecemos que esto vuelva a repetirse jamás.”
“Es intolerable que después de seis años no haya habido ningún tipo de justicia ni reparación para las víctimas y sus familiares, a pesar de que los hechos muestran claramente que las decisiones políticas fueron responsables directas de las muertes de 7.291 personas”, ha señalado Leo.
Asimismo, la proposición exige proteger a las trabajadoras y trabajadores de las residencias cuando denuncien la falta de recursos materiales y humanos que afectan a la calidad de la atención, ya que “no podemos permitir que se le arrebate el derecho de reclamar mejoras laborales, en especial en un sector como el de los cuidados, a las y los profesionales de las residencias”, ha concluido Leo.
