La nueva normativa de VMP crea un mercado ilegal de 7 millones de usuarios y bloquea la movilidad sostenible en España

«España ha pasado de ser líder europeo en micromovilidad a convertirse en un territorio hostil para la innovación, la competencia y la movilidad sostenible. La normativa actual no protege a nadie, genera exclusión social y destruye un sector entero»

GETAFE/14 MARZO 2026.- El Clúster de Innovación para la Micromovilidad Eléctrica (CLIME), junto con sus empresas asociadas sumado a fabricantes del sector como Xiaomi y Smartgyro, así como instituciones públicas como el Ayuntamiento de Getafe y la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP), ha presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una denuncia formal por el impacto “desproporcionado, discriminatorio y contrario al mercado único europeo” que generan las recientes normativas de registro, matriculación y seguro obligatorio de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Una normativa que ha creado un colapso sin precedentes

El análisis presentado ante la CNMC revela que, tras la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio el 2 de enero de 2026, solo el 0,17% del parque español de VMP ha logrado registrarse, dejando a casi 7 millones de usuarios en situación de ilegalidad forzosa.

El documento expone que el sistema de registro y matriculación:

• Carece de periodo transitorio, a diferencia de cualquier otra transición normativa reciente.
• No funciona técnicamente, dejando a los ciudadanos sin alternativa presencial.
• Excluye por diseño vehículos como monociclos, Segways, longboards y VMP adaptados.
• Impone una doble certificación inexistente en el resto de la UE, contraviniendo la libre circulación de mercancías.
• Condena al desguace a cinco millones de vehículos perfectamente funcionales y legales en Europa.

Para empresas fabricantes, distribuidores, talleres y aseguradoras, esta situación ha generado una parálisis total del mercado, con una caída del 30% en ventas desde 2023 y una previsión negativa que amenaza la supervivencia de micropymes y emprendedores.

En palabras del Director de CLIME, Gorka Pradas, “España ha pasado de ser líder europeo en micromovilidad a convertirse en un territorio hostil para la innovación, la competencia y la movilidad sostenible. La normativa actual no protege a nadie, genera exclusión social y destruye un sector entero. Por eso hemos acudido a la CNMC: porque esta situación atenta contra los principios fundamentales del mercado y contra millones de ciudadanos que usan la movilidad personal para vivir, trabajar y estudiar.”

Desprotección masiva de usuarios y víctimas

CLIME denuncia que la normativa ha creado una situación de inseguridad jurídica sin precedentes:

• El 70% del parque actual no puede contratar un seguro, aunque la DGT afirme lo contrario.
• Las aseguradoras no ofrecen productos adaptados porque no existe un marco viable para la mayoría de vehículos.
• La exigencia de coberturas desproporcionadas —hasta 70 millones de euros en algunos casos— hace inviable económicamente la movilidad personal eléctrica.
• Las víctimas de accidentes quedan en un limbo legal, dado que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre vehículos sin matrícula y aquellos sin certificar.

Impacto social: la movilidad sostenible convertida en un privilegio

El informe entregado a la CNMC alerta de consecuencias sociales especialmente graves:

• La prohibición de VMP en transporte público rompe la intermodalidad y castiga a trabajadores sin coche, jóvenes y población rural.
• El 51% de las usuarias mujeres —una cifra única en movilidad sostenible— se ve afectado por nuevas barreras económicas y administrativas.
• Ciudadanos extranjeros con pasaporte europeo no pueden registrar sus vehículos, vulnerando principios básicos de la UE.
• En zonas rurales, donde el VMP era la única alternativa al coche, la normativa provoca aislamiento y pérdida de acceso a servicios.

Un marco regulatorio contrario al estándar europeo

CLIME recuerda que España se ha convertido en la única excepción dentro de la Unión Europea, al imponer un manual técnico y un sistema de certificación que no se corresponden con el estándar europeo EN 17128.

Esto crea una isla regulatoria que impide la circulación en España de vehículos legales en Francia, Alemania, Italia o Portugal, distorsionando el mercado y limitando la competencia.

En su denuncia formal, el clúster y las entidades firmantes han solicitado a la CNMC que evalúe:

1. La proporcionalidad de las obligaciones impuestas por el Gobierno, dado que el nivel de incumplimiento supera el 99%.
2. La compatibilidad de la normativa española con las leyes europeas sobre libre circulación y mercado único.
3. El impacto en la protección al consumidor, especialmente víctimas sin cobertura y usuarios sin alternativa de movilidad.
4. La distorsión de la competencia causada por una doble certificación inexistente en la UE.
5. La desproporción de las coberturas de seguro exigidas, totalmente alejadas del riesgo real documentado.