«Tenemos un contrato hasta 2027 y recibos; no somos okupas, estamos sufriendo una extorsión»
En una entrevista para Getafe Central Televisión, Youssef y su familia denuncian una campaña de acoso orquestada por el yerno de su casero y grupos de desocupación, desmontando con documentos las acusaciones de «inquiocupación» vertidas en redes sociales.
GETAFE/10 MARZO 2026.- Youssef, vecino del barrio de Juan de la Cierva, ha comparecido ante los micrófonos de Getafe Central Televisión para esclarecer la situación de «infierno» que atraviesa su familia tras diez años residiendo en el municipio. Frente a los discursos que les señalan como ocupas, el entrevistado ha sido tajante: la familia dispone de un contrato de alquiler legal y en vigor hasta el año 2027. Además, ha desmentido rotundamente cualquier episodio de violencia por su parte, apoyándose en una sentencia judicial reciente que les absuelve de las acusaciones de amenazas vertidas por la propiedad, confirmando que su comportamiento ha sido estrictamente pacífico.
Aquí tienes la conversación completa:
Respecto a la supuesta deuda de 7.000 euros, Youssef ha aclarado que la familia nunca ha dejado de pagar de forma voluntaria. Según su testimonio, el conflicto comenzó cuando el casero cambió de entidad bancaria y, desde entonces, se niega sistemáticamente a facilitarles el nuevo número de cuenta para realizar los ingresos, a pesar de los constantes intentos de la familia por regularizar los pagos. «Hemos ido al banco y la cuenta ya no existe; le rogamos que nos deje pagar, pero no quieren el dinero, quieren que nos vayamos a la calle», explica el afectado.
Uno de los puntos más dolorosos para la familia es la ruptura de la relación con el propietario, Arsenio, a quien consideraban «como un abuelo» y parte de su propia familia tras una década de convivencia. Youssef revela que el propio Arsenio les ha confesado sentirse «entre la espada y la pared», señalando directamente a su yerno como la persona que ha contratado a las empresas de desocupación para ejecutar esta extorsión. Esta situación ha derivado en agresiones a una mujer embarazada y acoso constante a dos menores de edad, cuya salud y rendimiento escolar se están viendo seriamente perjudicados.
Finalmente, desde el entorno de la familia se hace un llamamiento directo a la responsabilidad pública. Han pedido formalmente a los sectores de la derecha y la ultraderecha que «dejen de manipular la información» y de instrumentalizar su caso para alimentar discursos de odio contra la población inmigrante y la ocupación ilegal. «Nadie se merece vivir lo que estamos viviendo por una mentira creada para redes sociales», concluye Youssef, quien insiste en que su única voluntad es que se respete su contrato y la seguridad de sus hijos.
