Ecologistas y vecinos piden al Gobierno central que blinde las vías pecuarias de Madrid frente a la nueva Ley de Vivienda
Los colectivos denuncian que el nuevo Anteproyecto de Ley de vivienda regional debilita la protección jurídica de las vías pecuarias al eliminar la obligación de clasificarlas como suelo no urbanizable.
GETAFE/07 MARZO 2026.- La Plataforma Ecologista Madrileña y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han solicitado formalmente la intervención del Ministerio para la Transición Ecológica para frenar una reforma legal de la Comunidad de Madrid. Los colectivos denuncian que el nuevo Anteproyecto de Ley de vivienda regional debilita la protección jurídica de las vías pecuarias al eliminar la obligación de clasificarlas como suelo no urbanizable. Las organizaciones alertan de que este cambio terminológico pone en riesgo un patrimonio público esencial para el medio ambiente y la conectividad territorial.
La controversia nace de la modificación del artículo 25 de la Ley de Vías Pecuarias de 1998, incluida en la futura normativa de vivienda madrileña. Según los denunciantes, el texto sustituye la orden taxativa de «calificar» estas vías como suelo protegido por la fórmula ambigua de «contemplar» dicha protección. Este matiz técnico, advierten, carece de seguridad jurídica y podría facilitar la integración de estos terrenos de dominio público en futuros desarrollos urbanísticos.
Para los colectivos vecinales y ecologistas, aprovechar una ley de vivienda para alterar la protección ambiental supone un cambio «encubierto». Recuerdan que estas rutas, como la Cañada Real Galiana o la Segoviana, son bienes de dominio público protegidos por leyes estatales. Además de su uso ganadero histórico, actualmente funcionan como corredores ecológicos indispensables para la biodiversidad de la región.
Ante esta situación, las asociaciones han trasladado su preocupación tanto al Ministerio como a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El objetivo es que se mantenga la clasificación de estas vías como suelo no urbanizable de protección para evitar su degradación. Por el momento, el Gobierno regional, a través de su viceconsejero, se ha mostrado abierto a revisar la redacción del polémico artículo.
