Getafe aprueba el manifiesto del Consejo Sectorial de la Mujer por el 8 de marzo
Durante la sesión plenaria, la representante Lucía Araceli Tielve ha dado lectura a un manifiesto que denuncia el repunte de la violencia machista y exige a la Comunidad de Madrid que garantice el acceso al aborto libre, gratuito y seguro en la sanidad pública sin derivaciones a centros privados.
GETAFE/28 FEBRERO 2026.- El Consejo Sectorial de la Mujer e Igualdad de Getafe ha alzado la voz en el municipio para conmemorar el próximo 8 de marzo. La intervención de Lucía Araceli Tielve en el ámbito municipal ha servido para presentar un documento que define esta jornada como un día de lucha y movilización colectiva, alejándose de celebraciones vacías o complacientes.
El manifiesto comienza con una denuncia ante la situación de violencia actual. Según los datos expuestos, cuatro mujeres y una niña han sido asesinadas en una sola semana. En lo que va de año 2026, la cifra de víctimas de violencia de género asciende a catorce mujeres y dos menores (un niño y una niña), todos ellos asesinados por sus parejas o familiares directos.
Uno de los ejes centrales de la reivindicación es el derecho al aborto. El Consejo exige que la interrupción voluntaria del embarazo no sea una «cuestión de clase». En este sentido, han solicitado a la Comunidad de Madrid que asegure el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023, garantizando que el proceso se realice en hospitales públicos y se eliminen las derivaciones a la sanidad privada.
Asimismo, el texto aprobado ,pese al voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular, reclama el fin del acoso a las mujeres que acuden a las clínicas, mediante el establecimiento de perímetros de protección frente a grupos antiabortistas. También se ha instado al Gobierno regional a aumentar la financiación en políticas de igualdad para combatir la brecha salarial, la precariedad laboral y la feminización de la pobreza.
El Consejo ha finalizado su intervención recordando que la maternidad debe ser libremente decidida. Por ello, instan a los poderes públicos a garantizar las condiciones materiales y sociales necesarias para que las mujeres puedan ejercer su autonomía reproductiva sin presiones ni adoctrinamientos.
