La Comisión Europea examinará la legalidad del nuevo seguro y registro obligatorio para patinetes en España
El grupo parlamentario The Left, a iniciativa de Podemos, ha trasladado una consulta formal a la Comisión Europea para determinar si la reciente normativa española sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP) vulnera el derecho comunitario
GETAFE/18 FEBRERO 2026.- La iniciativa cuestiona la Ley 5/2025 y las reformas del Reglamento General de Circulación, que imponen seguros de responsabilidad civil de hasta 70 millones de euros y registros obligatorios, medidas que podrían chocar con los principios de libre circulación y proporcionalidad de la Unión Europea.
La ofensiva parlamentaria en Bruselas pone el foco en las posibles «barreras y abusos» que la legislación española impone a los usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos ligeros. Según la nueva normativa, los VMP de más de 25 kg deben contar con coberturas de 70 millones de euros en daños personales, mientras que los de menor peso deben asegurar un mínimo de 6,45 millones. Estas exigencias no se aplican a vehículos con prestaciones similares, como las bicicletas de pedaleo asistido.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha advertido sobre la falta de neutralidad tecnológica y el trato discriminatorio de estas medidas. Por su parte, el Foro Internacional de Transporte de la OCDE sostiene que no existen diferencias de accidentabilidad que justifiquen una regulación tan dispar entre bicicletas y patinetes.
Un punto crítico de la denuncia es la obligatoriedad de un registro y marcado exclusivo para España que entrará en vigor en 2027. Este requisito impide que vehículos adquiridos legalmente en otros países de la UE puedan circular por territorio nacional si no cuentan con la homologación específica de la DGT, lo que podría contravenir el Reglamento (UE) 2023/1230 sobre la libre circulación de bienes.
Además, el registro actual exige la residencia legal en España, lo que excluye automáticamente a los no residentes. El texto remitido a Europa también critica que, pese a este incremento de exigencias y seguridad, se mantenga la prohibición generalizada de acceder al transporte público con estos vehículos, vigente desde 2023.
