La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que el nuevo plan de vivienda regional favorece al sector inmobiliario y reduce la protección ambiental
La organización denuncia que el texto elimina protecciones en 4.000 kilómetros de vías pecuarias, vacía las competencias de los ayuntamientos y reduce garantías básicas en seguridad vial y suministros eléctricos
GETAFE/28 ENERO 2026.- La Plataforma Ecologista Madrileña (PEM) ha presentado alegaciones contra el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, al considerar que la norma utiliza la emergencia habitacional como «coartada» para beneficiar a promotores privados. La organización denuncia que el texto elimina protecciones en 4.000 kilómetros de vías pecuarias, vacía las competencias de los ayuntamientos y reduce garantías básicas en seguridad vial y suministros eléctricos. PEM solicita la retirada total del proyecto por priorizar la rentabilidad económica sobre el derecho a una vivienda digna y el equilibrio territorial.
El escrito de alegaciones, dirigido a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, critica que la norma se tramite por vía de urgencia, lo que limita la participación ciudadana y el debate social. Según la plataforma, el anteproyecto modifica seis leyes para consolidar un «urbanismo de excepción» que permite cambios de uso de suelo y aumentos de edificabilidad sin evaluar el impacto en los servicios públicos locales.
Uno de los puntos más polémicos es la modificación de la Ley de Vías Pecuarias. PEM alerta de que más de 23.000 hectáreas de dominio público quedan expuestas a procesos urbanizadores al eliminarse la obligación de clasificarlas como suelo protegido. Además, la nueva normativa introduce el «silencio administrativo positivo» en informes críticos de carreteras y medio ambiente, lo que significa que si la administración no responde en tres meses, el proyecto se considera aprobado automáticamente.
La plataforma también denuncia una vulneración de la autonomía de los municipios. La ley impone normas autonómicas de aplicación directa, relegando a los ayuntamientos a una posición reactiva y sometida a mecanismos de presión. «La ciudad no puede reducirse a un contenedor de vivienda», subraya la organización, que exige barrios equilibrados con servicios públicos suficientes frente a un modelo que consideran «mercantilista».
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