El economista Nacho Álvarez defiende la viabilidad de las pensiones y rechaza el conflicto entre generaciones
El ex Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha analizado la situación del sistema público de pensiones para desmentir las narrativas que lo califican de «estafa piramidal»
GETAFE/24 ENERO 2026.- El sistema de pensiones español afronta un reto demográfico innegable. Actualmente, España cuenta con 10 millones de personas mayores de 65 años. Según los datos aportados por Álvarez, esta cifra ascenderá a 15 millones en el año 2050 debido a la jubilación de la generación del ‘baby boom’.
A pesar de este incremento, el economista asegura que el reto es manejable financieramente. España destina hoy el 12,7% de su Producto Interior Bruto (PIB) a las pensiones. Se prevé que esta cifra alcance el 16% en 2050, un nivel de gasto que países como Italia ya gestionan en la actualidad.
Álvarez advierte que las propuestas de reforma presentadas como «pro-juventud» podrían ser perjudiciales. Calcular la pensión con toda la vida laboral reduciría más las futuras prestaciones de los actuales jóvenes que las de los jubilados presentes. El autor enfatiza que el Estado de Bienestar debe proteger a los ciudadanos en todas las etapas de su vida.
En cuanto a la situación económica de los mayores, los datos de la Seguridad Social reflejan una realidad alejada de los privilegios. El 40% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes. Además, más de la mitad de los mayores de 65 años disponen de rentas inferiores a los 1.500 euros mensuales.
La publicación también destaca el papel de las pensiones como motor económico. Por cada euro invertido, el Estado recupera 42 céntimos a través de impuestos y consumo. Según investigaciones recientes, el gasto en pensionistas genera más actividad económica de la que consume.
Como solución para apoyar a la juventud, Álvarez propone mejorar la recaudación de beneficios empresariales. Señala que el Impuesto de Sociedades recauda hoy menos que en 2007. Ajustar este tributo permitiría obtener 30.000 millones de euros adicionales para políticas de vivienda y empleo juvenil.
