La Asociación 7291 exige investigar el desvío de 61 millones de las residencias madrileñas
La Asociación 7291 Verdad y Justicia ha reclamado una investigación exhaustiva tras revelarse que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó en 2024 el trasvase de 61,5 millones de euros destinados a residencias públicas para pagar deudas con el grupo privado Quirón
GETAFE/14 ENERO 2026.- El colectivo, que representa a familiares de fallecidos en centros de mayores durante la pandemia, califica de «afrenta» este movimiento contable en un contexto de falta de medios y largas listas de espera para acceder a plazas públicas.
El informe anual de la Cámara de Cuentas ha desatado la indignación de las familias de los residentes en la Comunidad de Madrid. El documento revela que el Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, transfirió 61,5 millones de euros desde la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) hacia el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Según la asociación, estos fondos, originalmente previstos para la gestión de las residencias, terminaron desviados para paliar la deuda de la administración con el grupo sanitario Quirón.
Desde la Asociación 7291 Verdad y Justicia consideran este hecho especialmente grave debido a las deficiencias de personal denunciadas durante el último año. La organización destaca que 2025 ha cerrado con 2.022 personas en lista de espera para una plaza residencial y 17.747 ciudadanos pendientes de ayuda a domicilio. Para el colectivo, esta gestión económica supone una falta de respeto hacia las 7.291 personas que perdieron la vida en estos centros durante la crisis sanitaria.
Mª Jesús Valero, presidenta de la asociación, ha denunciado la «impunidad total» que, a su juicio, impera tras seis años de protestas. Valero asegura que las residencias se han convertido en un «castigo» para los actuales usuarios y sus familiares por la falta de ratios adecuadas. La representante de las familias lamenta que el dinero público de los madrileños se utilice para abonar pagos a empresas privadas en lugar de solucionar los problemas estructurales de la atención a la dependencia.
