El mayor problema financiero de España no está en las autonomías
Las entidades locales presentan superávit estructural y apenas tienen deuda, pero no pueden utilizar sus propios recursos.
GETAFE/11 ENERO 2025.-En los últimos días, el debate sobre la financiación autonómica ha vuelto al primer plano tras la propuesta presentada por el Gobierno de España para un nuevo modelo que será discutido con comunidades autónomas y partidos políticos. Sin embargo, mientras el foco mediático se centra en las autonomías, el mayor problema financiero del sistema institucional español sigue pasando desapercibido: la situación de las entidades locales y, en especial, de los ayuntamientos.
Los consistorios arrastran desde hace más de una década un colapso financiero que limita gravemente su capacidad para prestar servicios públicos básicos. El origen de esta situación se encuentra en las leyes de estabilidad presupuestaria aprobadas tras la crisis inmobiliaria de 2008, especialmente tras la modificación del artículo 135 de la Constitución y la posterior Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por el Partido Popular y no derogada por los gobiernos posteriores del PSOE.
Los datos oficiales describen una paradoja difícil de justificar. Las entidades locales presentan superávit estructural y apenas tienen deuda, pero no pueden utilizar sus propios recursos. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, alertó recientemente de esta “anomalía”: los ayuntamientos acumulan alrededor de 50.000 millones de euros en depósitos mientras sus servicios públicos atraviesan lo que él mismo definió como una “completa inanición”.
La causa principal de esta situación es la actual regla de gasto, que impide a los ayuntamientos emplear ese superávit para reforzar servicios esenciales o contratar personal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirma este escenario y estima que las entidades locales cerrarán 2025 con un superávit del 0,3% del PIB, unos 4.800 millones de euros que, de nuevo, no podrán destinarse a inversión útil para la ciudadanía.
En diciembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 15/2025, que permite usar el superávit de 2024 entre 2025 y 2027. Sin embargo, esta autorización está limitada a gastos que no generen un aumento estructural, lo que en la práctica se traduce en inversiones puntuales y obras de dudosa utilidad, similares a las ya vistas en planes extraordinarios anteriores.
Mientras tanto, se mantienen las restricciones que afectan directamente a la calidad de vida en los municipios: imposibilidad de reforzar plantillas, deterioro de servicios públicos y presión fiscal sobre los vecinos. En este contexto, el debate sobre a quién debe beneficiar el dinero acumulado por los ayuntamientos sigue abierto, pero los servicios públicos municipales continúan siendo los grandes olvidados.
Poner a los ciudadanos en el centro pasa por fortalecer la administración más cercana, dotándola de recursos y autonomía real. Es una fórmula aplicada con éxito en otros países europeos y una vía eficaz para reforzar la cohesión social. Sin embargo, en España, esta reforma sigue sin llegar, mientras los ayuntamientos, como el de Getafe, continúan gestionando la escasez teniendo recursos bloqueados en sus propias cuentas.
