La confusión sobre la tasa de basuras exige rigor político en Getafe
El portavoz del PP en Getafe, Antonio José Mesa, lleva meses alentando el rechazo a la tasa de basuras pese a que la ley estatal obliga a mantenerla. Ahora propone bonificarla como el Impuesto de Sucesiones madrileño, una comparación que no encaja en la normativa vigente. Getafe necesita claridad, no mensajes imposibles.
GETAFE/23 NOVIEMBRE 2025.- En política local, las palabras importan. Y más aún cuando durante meses se sostienen afirmaciones que después se matizan o contradicen. Este es el caso del portavoz del Partido Popular en Getafe, Antonio José Mesa, que ha recorrido calles y redes sociales denunciando la “injusta” tasa de basuras e invitando a las vecinas y vecinos a reclamarla. Ese mensaje, directo y reiterado, ha calado en parte de la ciudadanía.
Sin embargo, ayer Mesa reconoció en un medio de comunicación de Leganés que la tasa está impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y que, incluso como alcalde, no podría eliminarla mientras la normativa estatal siga vigente. Esta admisión desmonta su propio eslogan: no es posible suprimir un tributo cuyo origen no es municipal. Y admitirlo después de meses de protesta pública no contribuye precisamente a reforzar la confianza en el discurso político.
Lejos de aportar claridad, su última propuesta añade mayor confusión. Mesa afirma que, si llegara a gobernar, bonificaría la tasa “un 99%, igual que hace la Comunidad de Madrid con el Impuesto de Sucesiones reduciendo el tramo autonómico”. Esta comparación, además de imprecisa, induce a error. El Impuesto de Sucesiones permite a las comunidades autónomas modular su tramo normativo, mientras que la tasa de basuras responde a una obligación estatal que exige que la recaudación cubra el coste completo del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Reducir su ingreso al 1% contravendría directamente la ley.
La normativa sí contempla bonificaciones para familias numerosas, hogares con dificultades económicas o incentivos vinculados al reciclaje. El Ayuntamiento de Getafe ha aplicado todas las previstas. Pero comparar una tasa finalista impuesta por ley con un impuesto cedido parcialmente a las comunidades autónomas no ayuda a que la ciudadanía comprenda su funcionamiento. Al contrario, alimenta expectativas que no pueden cumplirse.
Getafe necesita un debate político honesto, basado en información veraz y en propuestas posibles. La oposición tiene todo el derecho a cuestionar decisiones municipales y plantear alternativas. Pero no puede construir su estrategia sobre comparaciones incorrectas o promesas que chocan frontalmente con la ley.
Quienes aspiran a gobernar deben demostrar que conocen la normativa que regula los servicios municipales y que son capaces de explicar la realidad con rigor. Solo así podremos avanzar hacia una conversación pública seria, transparente y respetuosa con la ciudadanía a la que todos, sin excepción, deben servir.
