La Paradoja de la Austeridad: Si Cumples, ¿Por Qué No Puedes Gastar?
Las administraciones locales de España, compuestas principalmente por ayuntamientos y cabildos, se encuentran atrapadas en una situación fiscal que roza lo absurdo.
GETAFE/16 NOVIEMBRE 2025.- Año tras año, son el único subsector de la Administración pública que no solo cumple, sino que excede las expectativas de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, en lugar de ser premiadas con autonomía, se les impone la regla fiscal más estricta: la obligación de operar bajo el equilibrio presupuestario o déficit cero.Es hora de revertir esta lógica perversa. A las entidades locales, que han demostrado ser fiscalmente responsables, se les debe permitir la capacidad de incurrir en un déficit limitado para poder invertir y fortalecer los servicios esenciales que prestan a la ciudadanía.
La Anomalía de la Liquidez Forzada
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LO 2/2012) tiene el objetivo loable de garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, definiendo la estabilidad como una situación de equilibrio o superávit presupuestario. Pero la aplicación de esta ley ha generado una situación paradigmática en los ayuntamientos.
Mientras que otros subsectores (Administración central, CCAA y Seguridad Social) tienen asignados márgenes de desequilibrio financiero en la senda de déficit del Estado, a las entidades locales se les exige el objetivo más ambicioso: el déficit cero. Y lo cumplen con creces.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que este subsector cerrará 2025 con un superávit del 0,3% del PIB, lo que equivale a unos 4.800 millones de euros. Y, como demuestran los datos del Banco de España, este superávit es recurrente. La magnitud del cumplimiento es tal que el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se ha referido a la «anomalía» del exceso de liquidez o depósitos que poseen los ayuntamientos, estimado en torno a 50.000 millones de euros, al mismo tiempo que «apenas ya tienen deuda». El propio Escrivá considera que esta situación de superávit estructural y las limitaciones impuestas por la regla de gasto tal como está definida deben ser abordadas.
El Alto Costo de la Rigidez
El problema fundamental es que los límites fiscales, que restringen la capacidad de gasto de los ayuntamientos, castigan la eficiencia. Esta rigidez presupuestaria impuesta a través de la exigencia de superávit o equilibrio se traduce directamente en un deterioro de los servicios públicos locales.
La realidad es que los ayuntamientos, obligados a guardar miles de millones, ven mermada su capacidad para atender a sus ciudadanos:
1. Menor Inversión: La limitación limita drásticamente la inversión en servicios básicos y en la mejora de infraestructuras locales.
2. Debilidad Operativa: Los ayuntamientos tienen dificultad para cubrir gastos corrientes cruciales, como el mantenimiento del alumbrado público o la garantía de calidad en los servicios de limpieza y recolección de residuos.
3. Recortes Esenciales: La ley provoca recortes de personal y gasto, lo que puede llevar a una reducción de personal en áreas tan sensibles como la vivienda, la movilidad, los deportes o la gestión de residuos, afectando directamente la calidad de la atención al ciudadano.
4. Incapacidad de Respuesta: En última instancia, la falta de recursos provoca una menor capacidad de respuesta de los ayuntamientos ante las necesidades ciudadanas y las emergencias de todo tipo como hemos visto en los últimos años (pandemia, Dana, volcán)
Esta situación es tan extrema que ha llevado a los servicios públicos municipales a la completa inanición.
La Defensa de la Flexibilidad
Si analizamos las continuas propuestas de senda fiscal presentadas por todos los gobiernos, es evidente la disparidad: se permite que la Administración central, la Seguridad Social y las CCAA presenten déficits, mientras que el sector más saneado y cumplidor –el local– está obligado al corsé del equilibrio.
Es incomprensible que el subsector que mejor gestiona sus cuentas sea el más castigado por la ley. Puesto que las entidades locales han demostrado su sostenibilidad financiera y su solvencia (acumulando 50.000 millones en depósitos), es lógico y urgente que se les otorgue un margen de capacidad de déficit moderado.
Permitirles utilizar una porción de ese superávit estructural que el Banco de España ha identificado para financiar déficits planificados e inversiones sostenibles es la única manera de revertir el deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.
Si ni el PSOE (que ostenta el gobierno central) ni el PP (que gobierna las comunidades autónomas) muestran voluntad de revertir esta situación, se perpetúa un sistema que castiga la buena gestión y condena los servicios públicos municipales a una debilidad estructural. Es hora de que el rigor fiscal de los ayuntamientos se traduzca en bienestar ciudadano, no en depósitos bancarios inutilizados.
