¿Y los Ayuntamientos, pa’ cuándo?
Mientras el Gobierno condona 83.000 millones de deuda a las Comunidades Autónomas, los municipios siguen con 45.000 millones bloqueados en los bancos
GETAFE/03 SEPTIEMBRE 2025.- Ayer el Consejo de Ministros aprobó la condonación de 83.000 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. Una medida que, sin duda, alivia las cuentas regionales, pero que vuelve a dejar en segundo plano a los Ayuntamientos, esos mismos que gestionan el día a día más cercano de los ciudadanos.
Según datos del Banco de España, los consistorios acumulan más de 45.000 millones de euros en depósitos bancarios que, sin embargo, no pueden utilizar libremente debido a las restricciones impuestas desde 2012 por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Cristóbal Montoro. Esa norma, nacida tras la crisis de 2008, limita la autonomía local y obliga a que el superávit municipal engorde las cuentas corrientes de los bancos mientras los servicios públicos se deterioran.
En los próximos días, el Gobierno presentará un nuevo techo de gasto como paso previo a los Presupuestos Generales del Estado de 2026. En la última propuesta —la que PSOE y Sumar llevaron hace un año y que fue rechazada en el Congreso— se concedía a las comunidades autónomas dos décimas más de margen fiscal, lo que suponía unos 3.300 millones de euros adicionales al año. Para las entidades locales, apenas una décima en 2025 y dos en 2026, es decir, unos 1.600 millones y 3.350 millones más de margen.
En otras palabras: se premia más a quienes están más endeudados. Los Ayuntamientos, que en su mayoría mantienen sus cuentas saneadas, siguen sin poder disponer de SU dinero para reforzar servicios básicos como polideportivos, centros sociales o vivienda pública en alquiler.
Junts propuso una alternativa: repartir el margen de deuda entre los tres niveles de administración por igual. Aunque también favorece a las comunidades más endeudadas, al menos permitiría desbloquear fondos municipales. Pero el Gobierno se negó a negociar.
El resultado: se mantiene el techo de gasto de 2024, todavía más restrictivo, y los millones de los Ayuntamientos continúan inmovilizados.
Mientras tanto, la FEMP guarda silencio, y los alcaldes —sin importar el color político— no levantan la voz. Entre la falta de presión institucional y el incumplimiento de la promesa del PSOE de revertir el “corsé Montoro”, los municipios siguen atrapados en una paradoja: cuentas llenas, pero servicios vacíos.
Una auténtica vergüenza para la autonomía local y, sobre todo, para los vecinos que pagan impuestos y ven cómo sus recursos se esfuman en burocracia mientras se deteriora la calidad de vida en sus barrios.
