La grave temporalidad en el sector público provoca la sanción de Bruselas con 626 millones a España
La tasa de temporalidad en la Administración pública se mantiene por encima del 30%, muy lejos del 8% que el Gobierno se había comprometido a alcanzar con la Comisión Europea
GETAFE/13 AGOSTO 2025.- La Comisión Europea ha sancionado a España con la congelación de 626 millones de euros de fondos asignados, tras considerar insuficientes las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público. La decisión se deriva de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que concluyeron que las acciones del Gobierno para poner fin al «abuso» de la interinidad eran insuficientes, una situación que ha sido denunciada por el sindicato CSIF. El Ejecutivo se ha comprometido a tomar medidas adicionales en un plazo de seis meses para desbloquear los fondos.
El problema afecta a Getafe, como al resto de la nación, ya que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la tasa de temporalidad en la Administración pública se mantiene por encima del 30%, muy lejos del 8% que el Gobierno se había comprometido a alcanzar con la Comisión Europea. El sindicato, que ya había avisado de la existencia de expedientes abiertos y de la preparación de sanciones millonarias por esta causa, subraya que gran parte del empleo destruido en verano en educación corresponde a personal interino sin derecho a vacaciones. CSIF considera, además, que los gestores que incumplan el límite legal establecido deben ser sancionados.
La causa principal de este problema es que la tasa de reposición, que el Gobierno pretende mantener en la próxima oferta de empleo público, impide a las administraciones cubrir las necesidades reales de los distintos servicios y las obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación. A pesar de que la reforma laboral de 2021 ha logrado reducir a la mitad la temporalidad en el sector privado (del 23,7% al 12,5%), en la Administración pública el descenso ha sido mucho menor, pasando del 30,9% al 27,8%, un resultado que la Comisión y el TJUE han calificado de insuficiente. El Gobierno, en respuesta a la sanción, prepara ahora una reforma para limitar la contratación temporal, especialmente en los ámbitos con tasas más elevadas.
