La eliminación del trato fiscal favorable al diésel, bloqueada, cuesta a los españoles casi 500 millones en fondos europeos
Esta reforma, pensada para acabar con la ventaja fiscal que el gasóleo disfruta desde hace décadas, lleva bloqueada durante toda la legislatura por la ausencia de apoyos parlamentarios y la polémica que despierta.
GETAFE/11 AGOSTO 2025.- La Comisión Europea ha recortado 500 millones de euros del último desembolso del Plan de Recuperación a España, señalando como principal motivo la falta de aprobación de la medida que equipara la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. Esta reforma, pensada para acabar con la ventaja fiscal que el gasóleo disfruta desde hace décadas, lleva bloqueada durante toda la legislatura por la ausencia de apoyos parlamentarios y la polémica que despierta.
El gasóleo ha resultado históricamente más barato en España no solo porque su proceso de refinado es más sencillo, sino también por un trato fiscal más favorable que la gasolina. El Gobierno buscaba corregir esta diferencia mediante un aumento de 9,37 céntimos por litro en el tipo general del impuesto de hidrocarburos que paga el diésel, según la enmienda que el PSOE presentó en diciembre pasado a la ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales.
Con esta propuesta, el tipo general del impuesto pasaría de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros, equiparándolo al de la gasolina. Así, el diésel de automoción pagaría en total 0,47269 euros por litro (sumando el tipo general y el tipo especial), frente a los 0,379 euros actuales. La medida busca eliminar un beneficio fiscal que no se corresponde con sus costes ambientales reales, ya que «internaliza los costes ambientales que provocan estos carburantes y, en la medida de lo posible, contribuye a moderar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, al cumplimiento de los compromisos europeos en materia medioambiental».
De los 500 millones retenidos por Bruselas, 460 millones corresponden directamente a este retraso en la reforma fiscal verde, mientras que otros 40 millones están vinculados al incumplimiento de un hito sobre digitalización de entidades locales y regionales.
España dispone de seis meses para cumplir ambos compromisos. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que el relativo a la digitalización “ya se ha ejecutado en su totalidad” y que se está colaborando con Bruselas “para culminar el proceso de evaluación en los próximos meses”.
El recorte europeo llega cuando los ayuntamientos reciben sus entregas a cuenta, principal fuente de financiación municipal. En junio, por ejemplo, Getafe ingresó algo más de 8 millones de euros, lejos de los casi 12 millones que recibió Móstoles o los más de 10,9 millones de Fuenlabrada. Expertos señalan que parte de los fondos europeos podrían aliviar la presión financiera de los municipios y acelerar proyectos de transición ecológica, movilidad sostenible o digitalización.
Si se desbloqueara el importe retenido por Bruselas, Getafe podría recibir un refuerzo estimado de entre 2 y 2,5 millones de euros en los próximos años, lo que permitiría financiar la incorporación de un nuevo sistema de bicicletas eléctricas o la mejora del arbolado urbano.
Para colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas, mantener esta ventaja fiscal al diésel no solo supone un coste económico, sino que también retrasa la lucha contra el cambio climático y priva a comunidades autónomas y ayuntamientos de recursos adicionales que podrían invertirse en transporte público, zonas verdes o equipamientos urbanos.
