Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncian precariedad y falta de protección laboral
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en la Comunidad de Madrid, representadas por la plataforma de trabajadoras del SAD, reclaman la aplicación efectiva de un protocolo para la prevención de riesgos laborales en los domicilios donde prestan servicio
GETAFE/09 AGOSTO 2025.- Un grupo de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha denunciado la precariedad y la falta de protección laboral que sufren en su día a día. A través de una plataforma, las trabajadoras han expuesto las dificultades a las que se enfrentan, a pesar de que existe un protocolo interno para la prevención de riesgos laborales.
Según el testimonio de Concha, extrabajadora del SAD, muchas de sus compañeras ni siquiera conocen la existencia de este protocolo ni de un comité de prevención de riesgos. Los protocolos internos, a los que el medio Público ha tenido acceso, establecen que la trabajadora social y la coordinadora de la empresa deben realizar un seguimiento de las empleadas en los domicilios. Si se detecta una situación de riesgo, la decisión sobre la paralización del servicio recae en los servicios sociales.
Las trabajadoras, que se autodenominan “riders de los cuidados”, afirman que las empresas se escudan en que los hogares son espacios privados e “inviolables” para no realizar evaluaciones de riesgos. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan a diario, dicen, desmiente cualquier excusa burocrática.
La denuncia de esta situación no es nueva. En 2021, un grupo de trabajadoras de diferentes servicios de ayuda a domicilio de toda España pasaron 26 días acampadas en Nuevos Ministerios, Madrid, para ser escuchadas por el Ministerio de Trabajo. Esta presión llevó a la inclusión de la disposición adicional decimotercera en el Real Decreto Ley 893/2024.
Dicha disposición establece por primera vez la obligatoriedad de que un técnico de prevención de riesgos laborales acuda a los domicilios donde se presta el servicio para realizar una evaluación con la presencia de un delegado/a de riesgos laborales. El objetivo es garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como de las trabajadoras.
A pesar de este avance, la plataforma denuncia que las evaluaciones reales no se están llevando a cabo. Reclaman el reconocimiento de enfermedades profesionales, que actualmente les son denegadas, y solicitan que la Ley de Dependencia se blinde en la Constitución. Las trabajadoras aseguran que se sienten invisibilizadas y que su labor, al ser un “trabajo feminizado”, no recibe la importancia social que merece.
