El miedo a la okupación, un relato que no se corresponde con la realidad y beneficia a empresas de seguridad y seguros
El fenómeno, que afecta a una minoría de inmuebles, está siendo capitalizado por empresas de seguridad, seguros y del sector inmobiliario, que obtienen grandes beneficios de esta preocupación
GETAFE/02 AGOSTO 2025.- Una campaña del miedo en torno a la okupación ha generado una percepción social desvirtuada de la realidad en España, según afirman expertos y confirman los datos. El fenómeno, que afecta a una minoría de inmuebles, está siendo capitalizado por empresas de seguridad, seguros y del sector inmobiliario, que obtienen grandes beneficios de esta preocupación.
Jaime Palomera, doctor en antropología económica, desmiente la confusión de términos: «Si alguien entra en una vivienda que no está abandonada, ya sea tu casa habitual o tu segunda residencia, eso no es okupación. Es un allanamiento y es un delito». Palomera asegura que el 95% de las denuncias de usurpación se producen en alguno de los casi cuatro millones de inmuebles vacíos en España, la mayoría propiedad de bancos o grandes propietarios.
Según el Ministerio del Interior, durante 2024 se registraron 16.400 denuncias por okupación, lo que afectaría únicamente al 0,057% del parque de viviendas del país. A pesar de estas cifras, una encuesta revela que el 51% de la población cree que la okupación afecta al menos a la mitad del país, lo que supone una percepción 893 veces mayor que la realidad.
Este miedo social se ha convertido en un negocio lucrativo. El miedo a los robos y la okupación ha disparado la instalación de alarmas, con cerca de tres millones de sistemas ya instalados en España. Del mismo modo, los seguros antiokupación han experimentado un gran auge, logrando un crecimiento de 43,8 millones de euros para la compañía Línea Directa durante el primer semestre de 2025.
Expertos añaden a este negocio la actividad de empresas como Desokupa y los sistemas de intermediación de alquiler como el «método tranquiler» o «Alquiler Seguro». Este último, contra el que el Ministerio de Consumo abrió un expediente sancionador por prácticas abusivas, utiliza el miedo para imponer a los inquilinos «cláusulas contractuales abusivas» y «criterios de selección discriminatorios».
El objetivo de esta narrativa, según los expertos, es desviar la atención del verdadero problema de la vivienda: su conversión en un bien de mercado especulativo. La alarma social, que confunde al ciudadano con la figura de un propietario vulnerable, desactiva el debate político sobre los precios, los desahucios y la regulación del alquiler, favoreciendo a los que obtienen mayores beneficios de la tensión del mercado.
