Montoro contra Getafe: El pasado regresa como una losa para los ayuntamientos
El exministro del PP, Cristóbal Montoro, en el epicentro de una investigación judicial por beneficiar presuntamente a grandes empresas gasistas. Sus políticas, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, siguen asfixiando a municipios como Getafe.
GETAFE/20 JULIO 2025.- El nombre de Cristóbal Montoro ha vuelto a las portadas. El que fuera ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018) está siendo investigado por un presunto caso de corrupción ligado a una supuesta red de influencias en beneficio de empresas gasistas. La noticia estalló el pasado 16 de mayo, cuando el juez Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, levantó el secreto de sumario sobre una causa iniciada en 2018.
Más allá del escándalo judicial, en Getafe muchos vecinos y autoridades locales no han olvidado los efectos devastadores de las políticas impulsadas por Montoro desde el Ministerio de Hacienda. La más emblemática —y criticada— sigue siendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida popularmente como Ley Montoro, aprobada en 2012. Su objetivo declarado era controlar el déficit, pero sus consecuencias reales fueron muy distintas.
Una ley contra los municipios
La Ley Montoro obligó a los ayuntamientos a priorizar el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, incluso en detrimento de servicios públicos esenciales. Fue el resultado de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, pactada entre PP y PSOE en 2011, que impuso el principio de estabilidad presupuestaria como mandato constitucional.
En la práctica, Getafe —como tantos otros municipios— se vio forzado a recortar gastos, congelar contrataciones públicas, externalizar servicios y, lo más indignante, mantener millones de euros en bancos sin poder usarlos libremente. Según datos recientes del Banco de España, los ayuntamientos españoles tienen más de 45.000 millones de euros inmovilizados. En el caso de Getafe, se trata de decenas de millones que no pueden invertirse en mejorar la vida de sus vecinos por culpa de una legislación que priorizó los intereses bancarios sobre los ciudadanos.
Plan de Pago a Proveedores: una trampa dorada
Otro de los grandes legados de Montoro fue el Plan de Pago a Proveedores, lanzado en 2012 con el discurso de ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, como denuncian economistas como Yago Álvarez, el grueso del dinero se destinó a saldar deudas con grandes constructoras, eléctricas y empresas de servicios privatizados. Los préstamos ICO que financiaron este plan se concedieron a ayuntamientos a tipos de interés del 5% al 6%, mientras el BCE prestaba a los bancos al 0,25%. ¿El resultado? Un negocio redondo para los bancos, sin riesgo alguno, ya que el Ministerio de Hacienda garantizaba el pago reteniendo ingresos estatales a los consistorios.
Consecuencias visibles en Getafe
En nuestra ciudad, los efectos de esta política se tradujeron en recortes, falta de personal municipal, precarización de los servicios públicos y una creciente dependencia de empresas privadas para la gestión de servicios esenciales. La famosa «tasa de reposición cero» impidió renovar plantillas municipales, obligando a licitar servicios que antes eran públicos, lo que además supuso un encarecimiento del coste para el ciudadano y un deterioro en la calidad.
Hoy, Getafe sigue arrastrando las consecuencias. A pesar de contar con recursos propios depositados en bancos, el Ayuntamiento no puede acceder a esos fondos sin vulnerar la legislación vigente, una normativa injusta heredada de un ministro que ahora podría enfrentar responsabilidades penales.
Un sistema para rescatar bancos, no municipios
Para muchos expertos, la Ley Montoro fue, en realidad, un rescate encubierto a la banca, camuflado bajo el pretexto de sanear las cuentas públicas. Municipios como Parla, con más de 500 millones de euros de deuda, siguen tan endeudados como hace una década. Y ciudades como Getafe, que han hecho los deberes, siguen sin poder usar sus ahorros por unas reglas que priorizan los intereses financieros por encima de las necesidades sociales.
Mientras tanto, Cristóbal Montoro, ya fuera del escenario político, podría enfrentar ahora un proceso judicial por usar su cargo en favor de intereses privados. El caso apenas empieza, pero su impacto ya se dejó sentir durante años en ciudades como la nuestra.
El pasado vuelve con fuerza. Y para Getafe, sigue sin ser justo.
