El Tribunal Supremo celebra el 8 de julio la vista oral del caso BOSCO: una batalla clave por la transparencia de los algoritmos públicos
Civio defiende el derecho a conocer el código fuente del sistema que concede el bono social eléctrico, en un juicio histórico que puede sentar doctrina sobre el acceso ciudadano a los algoritmos de la administración pública
GETAFE/02 JULIO 2025.- El próximo 8 de julio, el Tribunal Supremo acogerá la vista oral del caso BOSCO, un proceso judicial sin precedentes en España que podría marcar un antes y un después en el debate sobre la transparencia de los algoritmos públicos. En el centro del litigio está el programa informático que decide automáticamente quién puede acceder al bono social eléctrico, una ayuda destinada a consumidores vulnerables.
El caso, impulsado por la fundación Civio, llega a la máxima instancia judicial tras años de batalla legal por obtener el código fuente de BOSCO, nombre del sistema automatizado desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Civio sostiene que este algoritmo ha cometido errores graves en la concesión de ayudas, afectando directamente a personas en situación de vulnerabilidad energética.
“Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el acceso ciudadano al código de un algoritmo público”, explican desde Civio. Y no se trata de un trámite menor: el alto tribunal ha decidido celebrar una vista oral, algo excepcional en los casos de casación, lo que subraya la relevancia jurídica y social del caso.
Durante la sesión, el abogado Javier de la Cueva, en representación de Civio, defenderá que el interés público en conocer cómo funciona BOSCO debe prevalecer sobre cualquier argumento de opacidad por parte del Estado. Enfrente estará la Abogacía del Estado, que actúa en nombre del Ministerio y defiende la confidencialidad del sistema.
BOSCO se convirtió en objeto de escrutinio público tras una investigación de Civio en 2019, que reveló fallos sistemáticos en su funcionamiento. El programa, mal diseñado, denegaba injustamente el bono social eléctrico a personas que cumplían los requisitos. Desde entonces, Civio exige acceso a su código fuente para poder auditarlo y garantizar que hoy funciona correctamente.
Pero más allá del caso concreto, lo que está en juego es si los ciudadanos podrán fiscalizar y entender cómo los algoritmos de la administración influyen en sus derechos, o si se consolidará un modelo opaco en el que las llamadas “cajas negras algorítmicas” queden fuera del control público.
El resultado de este proceso sentará jurisprudencia sobre el derecho de acceso a sistemas automatizados utilizados por el Estado. Y afectará no solo al bono social de la luz, sino a muchos otros ámbitos donde las decisiones automatizadas empiezan a tener un papel central: desde el empleo público hasta la concesión de becas o ayudas sociales.
Para Civio, el 8 de julio representa un momento histórico en la defensa de una democracia digital transparente. La organización estará presente en el Supremo respaldada por más de 2.000 socios y socias, y con la firme voluntad de evitar que la tecnología del Estado se convierta en un instrumento opaco que escapa al escrutinio democrático.
“Sin transparencia, no hay confianza”, insisten. Y este juicio podría determinar si el acceso al funcionamiento de los algoritmos públicos pasa de ser una demanda ciudadana a un derecho garantizado por la justicia.
