Sara Hernández acusa a la presidenta de la FEMP de difundir información falsa sobre los habilitados nacionales
La alcaldesa de Getafe denuncia una «quiebra del consenso» en la Federación y exige la comparecencia de García-Pelayo por declaraciones “partidistas e irresponsables” sobre la Ley de Función Pública
GETAFE/28 JUNIO 2025.- La alcaldesa de Getafe y dirigente socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Sara Hernández, ha acusado a la presidenta de la organización, la ‘popular’ María José García-Pelayo, de “difundir información falsa” sobre los funcionarios locales de habilitación nacional y su relación con la tramitación de la nueva Ley de Función Pública. Ante esta situación, Hernández ha anunciado que pedirá su comparecencia formal ante los órganos internos de la FEMP.
Según ha denunciado la regidora getafense a través de un comunicado, García-Pelayo realizó estas afirmaciones “de manera unilateral y sin debate previo” ni en la Comisión de Función Pública ni en la Junta de Gobierno de la Federación. “Esto supone una grave quiebra del espíritu de consenso y pluralidad que ha caracterizado históricamente a la FEMP”, ha afirmado.
Hernández, que además preside la Comisión de Función Pública, ha criticado que la presidenta de la entidad “utilice los canales oficiales de la FEMP para trasladar posicionamientos partidarios como si fueran acuerdos del conjunto del municipalismo”. A su juicio, lo difundido “no se ajusta en absoluto a la verdad de lo tratado ni refleja la posición de la Comisión”.
La controversia tiene su origen en las declaraciones realizadas por García-Pelayo el pasado mes de mayo, cuando alertó de una presunta “cesión de competencias estatales” en favor de la Generalitat de Cataluña respecto a los secretarios e interventores municipales, en el marco de la reforma de la Ley de Función Pública. Según la presidenta de la FEMP, el Gobierno estaría dispuesto a incorporar una disposición adicional en la Ley de Bases de Régimen Local que permitiría dicha cesión, algo que considera “inaceptable”.
“Todos los ayuntamientos tenemos derecho a ser tratados de la misma manera. Los habilitados nacionales son esenciales para garantizar que se cumpla la ley por igual en todo el país”, aseguró entonces García-Pelayo, quien además afirmó que esta postura contaba con el respaldo de la Comisión de Función Pública de la FEMP.
No obstante, Sara Hernández desmiente esta afirmación y ha reclamado que García-Pelayo dé explicaciones en la próxima reunión de dicha comisión, prevista para el mes de octubre. Además, ha propuesto que en esa sesión comparezca también la Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, para “informar de forma directa y transparente” sobre el alcance real de la ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.
Los socialistas califican las declaraciones de García-Pelayo como “interesadas, inapropiadas y políticamente irresponsables”, y advierten del riesgo que supone convertir la FEMP en “una correa de transmisión de los intereses de un solo partido”.
Con esta denuncia, se aviva la tensión en el seno de la organización municipalista, tradicionalmente caracterizada por el equilibrio institucional y el consenso entre fuerzas políticas.
