España en cifras: avances, desafíos y contrastes en la gestión pública y la confianza ciudadana
El análisis exhaustivo de los indicadores de gobernanza, servicios públicos y representación revela una administración en transformación, pero con importantes retos en envejecimiento laboral, confianza institucional y sostenibilidad fiscal
GETAFE/21 JUNIO 2025.- El más reciente compendio de datos sobre la gobernanza pública en los países de la OCDE, Government at a Glance 2025, sitúa a España en un lugar intermedio entre el progreso estructural y las asignaturas pendientes. Desde la representación política hasta la eficiencia del gasto público, el informe ofrece una radiografía detallada del funcionamiento del Estado español, con implicaciones directas para municipios como Getafe, donde las decisiones nacionales encuentran reflejo en el día a día ciudadano.
Administración envejecida y desigualdad de género persistente
Uno de los datos más preocupantes es el envejecimiento de la plantilla en la administración central, donde la proporción de empleados mayores de 55 años supera en 27,1 puntos porcentuales al promedio del resto de la economía. Esta tendencia, combinada con una reducción del empleo público respecto al crecimiento del empleo general entre 2019 y 2023, tensiona la capacidad operativa del sector público, especialmente en servicios esenciales como salud, educación y justicia.
En materia de igualdad, aunque las mujeres representan el 57.6% del personal profesional y más del 62% de los auxiliares de oficina, su presencia en la alta dirección sigue limitada: solo el 38.9% de esos cargos están ocupados por mujeres. La desigualdad vertical en el sector público continúa siendo un obstáculo para la plena equidad.
Más mujeres en política, pero sin cuotas
En contraste, la representación política femenina ha dado pasos firmes. En 2025, el 40.6% de los escaños parlamentarios están en manos de mujeres, frente al 26.2% en 2012. Además, el Consejo de Ministros presenta paridad total (50%), en sintonía con el promedio de edad estable en los 50 años.
Sin embargo, España carece de cuotas electorales para garantizar esta presencia, lo que podría limitar la sostenibilidad del progreso alcanzado.
Confianza ciudadana: entre el escepticismo y la satisfacción
La confianza en instituciones clave como la justicia permanece baja (35%), a pesar de mejoras modestas desde 2021. La percepción de corrupción también pesa: solo el 39% cree que un político rechazaría un soborno, y apenas el 54% confía en que el parlamento exija responsabilidades al Ejecutivo.
En el lado positivo, los servicios administrativos gozan de buena valoración: un 73% de los ciudadanos están satisfechos con su calidad, y el 79% con la facilidad de uso. El enfoque de “eventos vitales” —que adapta servicios a momentos clave en la vida de las personas— está consolidándose como una estrategia efectiva, respaldada por encuestas nacionales de experiencia de usuario.
Salud y educación: estabilidad, pero sin euforia
En el ámbito sanitario, la satisfacción ciudadana se mantiene en un 62%, aunque con una ligera caída respecto a 2021. El gasto de bolsillo por parte de los pacientes también ha disminuido, situándose en el 26% del gasto total, lo que refleja cierta contención del coste directo para los hogares.
La educación tampoco muestra cambios relevantes: un 63% de satisfacción, pero con la influencia del contexto socioeconómico (15.1%) en los resultados académicos, lo que evidencia brechas estructurales aún sin resolver.
Sostenibilidad fiscal y gobernanza verde: luces y sombras
En términos fiscales, los ingresos públicos alcanzaron el 46.8% del PIB en 2023, pero la deuda bruta se disparó al 108.9%, reflejando tensiones de sostenibilidad. Aun así, España ha mejorado sus sistemas de presupuestación por resultados y realiza revisiones periódicas del gasto, lo que aporta racionalidad a las decisiones de financiación pública.
En cuanto a gobernanza verde, el centro del gobierno lidera las políticas climáticas y se exigen evaluaciones de impacto ambiental previas. No obstante, España no realiza evaluaciones ex post sobre sostenibilidad, lo que debilita el seguimiento de sus compromisos ambientales.
Adquisiciones públicas: modernización sin profesionalización
El gasto en compras públicas asciende al 16.1% del PIB, y aunque España establece objetivos verdes en la contratación, no mide el impacto ambiental de las adquisiciones, ni reconoce esta área como una profesión especializada, lo que frena su desarrollo estratégico.
Reflexión final: el reto de la rendición de cuentas
El panorama español es complejo y dual. Por un lado, existen avances en digitalización, representación y evaluación de políticas. Por otro, persisten brechas en integridad, envejecimiento del sector público y credibilidad institucional.
A nivel local, ciudades como Getafe no pueden mantenerse al margen de estas dinámicas. La ejecución de políticas públicas, la dotación de personal y la transparencia son factores clave para sostener la confianza ciudadana y la eficacia del Estado.
España avanza, pero lo hace con un pie en el acelerador y otro en el freno. La ciudadanía exige más que estadísticas: quiere resultados que se sientan en la calle.
