Getafe desestima el «pelotazo» urbanístico para 22.000 viviendas en Perales del Río
La Junta de Gobierno rechaza por unanimidad el recurso presentado por la Comisión Gestora El Verdegueral y La Nava, ratificando la inadmisión del macroproyecto por no ajustarse al modelo de ciudad ni cumplir con los requisitos legales
GETAFE/07 MAYO 2025.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha decidido desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Comisión Gestora El Verdegueral y La Nava, gestionada por la sociedad TAU Gestión Cooperativa SL, contra la inadmisión a trámite del Plan de Sectorización del S.U.N.S. El Verdegueral y La Nava en Perales del Río. El acuerdo se adoptó por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada el pasado 30 de abril de 2025 en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.
El proyecto urbanístico pretendía transformar una superficie de 560 hectáreas en las inmediaciones del Parque Regional del Manzanares para levantar aproximadamente 22.000 viviendas, con una calificación mayoritariamente residencial. La iniciativa, registrada en agosto de 2024, fue inicialmente rechazada el 5 de febrero de 2025 por no cumplir con los requisitos urbanísticos y de sostenibilidad exigidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.
Según el informe técnico de la Coordinadora General de Urbanismo, la propuesta no justificaba el interés público general de la actuación, no demostraba viabilidad económica ni sostenibilidad ambiental, y se alejaba del modelo territorial que el consistorio impulsa: un desarrollo ordenado y sostenible, con especial atención a la vivienda protegida y la integración con el entorno natural.
En su recurso, los promotores no aportaron fundamentos jurídicos suficientes que contradijeran los argumentos del Ayuntamiento, según refleja el informe del 24 de abril de 2025 emitido por la Jefa de Sección de la Unidad de Planeamiento y Gestión Urbanística. Por ello, la Junta de Gobierno ratificó su decisión de inadmitir a trámite el avance del plan, considerando que no se vulnera la legalidad urbanística ni el interés general.
El consistorio reafirma así su compromiso con un modelo de ciudad equilibrado y sostenible, donde las grandes operaciones urbanísticas deberán responder a criterios de ordenación racional del territorio, equidad social y respeto medioambiental.
