Ley ómnibus: Especulación y chiringuitos de altura

En ocasiones, los gobiernos se valen de artimañas para aprobar de tapadillo leyes controvertidas que pudieran mostrar sus vergüenzas.

GETAFE / 22 MARZO 2022/.- En ocasiones, los gobiernos se valen de artimañas para aprobar de tapadillo leyes controvertidas que pudieran mostrar sus vergüenzas. Esto ocurre cuando, por ejemplo, los decretos a ratificar o las leyes a aprobar afectan negativamente a buena parte de la población y, curiosamente, benefician sólo a unos pocos. 

Este es el caso del “Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y modernización de la administración de la Comunidad de Madrid” presentado el pasado 23 de diciembre con alevosía y premeditación al que siguió un plazo de alegaciones de una semana, con las fiestas navideñas de por medio. Aunque con nombre solemne, pero lleno de toda falsedad, se trata de una Ley Ómnibus, que pretende cambiar y refrendar en tiempo récord más de 40 leyes y decretos relacionados con asuntos tan variados como la Sanidad, la Hacienda Pública, el Urbanismo, la Ordenación del Territorio, el Transporte Urbano, el Medio Ambiente o la Policía Local. El último escalón para su aprobación definitiva tendrá lugar en la Asamblea de Madrid.

No nos engañemos. El mensaje del título no hace honor al objetivo de esta ley. Muy al contrario, el propósito de esta ley es facilitar el camino para la privatización de los servicios públicos y la liquidación, por vía legislativa, de cualquier traba que pudiera frenar las actuaciones de entidades privadas en áreas de interés económico en las que intervienen o controlan las instituciones públicas, especialmente; Urbanismo, Sanidad y Medio Ambiente.

La exposición que sigue a continuación analiza someramente algunos asuntos de esta Ley Ómnibus: Sanidad, Urbanismo, Medio Ambiente y Transparencia. Queda por analizar otro buen número de disposiciones que – de no reformarse – podrían resultar, también, altamente lesivas para la ciudadanía.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO – URBANISMO

En su Título II, la Ley Ómnibus incluye varias leyes que han sido reformadas radicalmente para reducir las competencias de los ayuntamientos y, que, además, podrían tener efectos muy negativos sobre el paisaje de nuestras poblaciones. Más aún, su actual redacción incluye postulados cercanos a las posiciones de promotores y terratenientes, una posición muy alejada de la que se espera de una Administración encargada de velar por la defensa de un urbanismo socialmente responsable.  

La primera consideración está relacionada con la externalización de la gestión de licencias urbanísticas a entidades privadas. “Las entidades privadas colaboradoras urbanísticas pueden ejercer (…) la intervención o control en el procedimiento de tramitación de licencias y declaraciones responsables urbanísticas (…) mediante la emisión de certificados de conformidad de licencias y declaraciones responsables urbanísticas”. Se trata de una modificación de fuerte calado que arrebata competencias exclusivas a las instituciones públicas, como los ayuntamientos, y que podría permitir a estas entidades privadas actuaciones de juez y parte. 

Esta novedad se complementa con otras enmiendas a considerar por su implicación urbanística: como el aumento de la edificabilidad o la actual obligación para los promotores de ceder suelo para dotación pública a los ayuntamientos. Si la ley sale adelante, los promotores podrán salvar esa situación mediante una aportación monetaria. Una reforma que podría ser utilizada por algunos promotores para cubrir con ladrillos hasta el último centímetro aprovechable.  

Adicionalmente, con el pretexto de facilitar trámites administrativos, se liberalizará más suelo, dejando un amplio espacio a la especulación, beneficiando a grandes promotores y terratenientes. Con la nueva ley se podrán desarrollar proyectos de urbanismo en zonas no urbanizables, permitiendo a los promotores la expropiación de suelo, una facultad hasta ahora sólo realizable por una entidad pública. Por último, la eliminación de controles permitirá la realización de proyectos actualmente prohibidos, lesionando los intereses generales. 

SANIDAD

Uno de los asuntos más controvertidos de la Ley Ómnibus aparece en el capítulo XV, en un apartado que propone la creación de una “Agencia de Contratación Sanitaria” que, según el texto del anteproyecto, “actuará en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en el ámbito sanitario”. 

Este “ente público (…) con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios” ofrece una puerta abierta a la creación de un nuevo “chiringuito” con capacidad para gestionar un buen trozo de la tarta sanitaria de la Comunidad de Madrid, ya que se trataría de un organismo que funcionará al margen de la fiscalización de la Asamblea.

Es, sin duda, una vuelta más de tuerca al proyecto de desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública promovida, desde hace tiempo, por el gobierno de la región. Dentro de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, el apartado sanitario es el más importante por su factura económica y, por ello, el más apetitoso. Aún no se ha apagado el rescoldo de la hoguera que, en 2012, el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad, Sr. Fernández-Lasquetty, encendió con su “Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público”. Un plan que pretendía la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y el 10% de los Centros de Salud. Hoy, el Sr. Fernández-Lasquetty es consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por lo que la privatización de los servicios que gestiona esta institución continúa avanzando con paso firme.

MEDIO AMBIENTE

Nos gustaría que la Ley Ómnibus enmendara las actuales leyes para una mayor protección al medio ambiente, especialmente en una Comunidad tan densamente poblada y tan necesitada de recursos para conservar una naturaleza en continuo peligro de deterioro. Pero ése no es el caso. Muy al contrario, las reformas previstas proponen más caza, más explotación forestal, más hostelería, más turismo y más construcción en zonas actualmente protegidas y no urbanizables. También proponen menos servicios de protección, extinción y salvamento, con el consiguiente expolio de los recursos naturales.

Asimismo, merece atención la referencia al Parque Regional del Sureste aquejado de grave deterioro por falta de protección y con una zonificación susceptible de degradación y, con ello, de una disminución de su grado de protección.  

TRANSPARENCIA – CÁMARA DE CUENTAS 

En 2019, la Asamblea Regional sacó adelante una normativa sobre transparencia en la información pública. Una ley imprescindible para facilitar el control ciudadano y parlamentario de la actividad de cualquier gobierno. La actual ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid se rige por los principios lógicos: ha de ser cierta, exacta y trazable; y debe ser de libre acceso.

La Ley Ómnibus pretende introducir reformas que acabarán con la obligación de los dirigentes del gobierno de la Comunidad de Madrid de informar con quien se reúnen antes de tomar ciertas decisiones. A nadie se le escapa que las disposiciones del gobierno de la Comunidad tienen una gran trascendencia económica. Por ese motivo, la información sobre los intermediarios (grupos de presión o lobbies), las llamadas de amigos interesados o las reuniones con interlocutores válidos son muy importantes para asegurar la defensa de los intereses generales. La reforma de la ley de Transparencia recortará el control de la Administración sobre quien opera y contrata con la Comunidad de Madrid 

En paralelo a la dinámica de reducir los mecanismos de vigilancia de la actuación de los gobernantes de la Comunidad de Madrid, la Ley Ómnibus introduce reformas que cambian la relación de consejeros necesarios para controlar la Cámara de Cuentas que fiscaliza los contratos y los gastos de la Comunidad. Hasta ahora se precisaba una mayoría de dos tercios en la Asamblea para elegir a los consejeros. Después de la aprobación de la ley, sólo se precisará mayoría simple. De esta manera PP y Vox alcanzarían el control absoluto de esta institución. Menor transparencia, mayor oscuridad.

POR ÚLTIMO

A pesar de la urgencia del gobierno de la región para aprobar la Ley Ómnibus, a los 7 días de su publicación ya se habían presentado – en tiempo – más de 600 alegaciones. Y 10 días después del 16 de febrero, fecha de la aprobación del Anteproyecto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, miles de madrileños acudieron al llamado de 40 asociaciones, de muy diversa procedencia, para entregar 50.000 firmas de protesta y manifestarse contra una ley que parece diseñada para especuladores y traficantes.

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