La burocracia y los exigentes requisitos hacen que se denieguen 3 de cada 4 solicitudes

El Ingreso Mínimo Vital en 2021 está sustituyendo a las rentas mínimas y aumenta la financiación y el número de personas beneficiarias en 11 de las 17 Comunidades en relación a las rentas mínimas de 2020. Mientras, las Comunidades inician el desmantelamiento de las Rentas Mínimas reduciendo número de personas beneficiarias y recortando presupuesto.

GETAFE / 21 FEBRERO 2022/.- En España se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital hace casi dos años, de manera urgente, por la grave situación creada por la crisis social derivada de la pandemia. Algunos de sus requisitos y la complejidad de su gestión han hecho que sólo un 9,3% de la población bajo el umbral de la pobreza en España (824.441 personas), se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital. Un dato que queda muy lejos de las previsiones del Gobierno en mayo de 2020 cuando preveía llegar a 2.300.000 personas.

El pasado año, en plena crisis social del coronavirus, el ministerio no ejecutó un tercio del presupuesto destinado a evitar el sufrimiento de las familias más vulnerables. La burocracia y los exigentes requisitos hacen que se denieguen 3 de cada 4 solicitudes. Sólo 366.805 familias accedieron al IMV, muy lejos de las 850.000 prometidas por el gobierno.

La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, hay CCAA que únicamente tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (5,6%), Baleares (5,7%) y otras que llegan a una cobertura del 24%, como es el caso de Navarra, comunidad que ha realizado la pasarela desde su
sistema de Rentas Mínimas. Esta cobertura sufre unas variaciones menores que las que sufría con el sistema de Rentas Mínimas, si en el Ingreso Mínimo Vital las coberturas tienen una horquilla de 19p entre CCAA con menores coberturas que rondan el 5% y las de mayor cobertura que alcanzan el 24%.

Sin embargo, este aumento de personas beneficiarias respecto a las Rentas Mínimas es de únicamente un 3,59% respecto a 2020, de un 19,89% respecto a 2019 y se queda muy lejos de las previsiones del Gobierno en mayo de 2020 cuando preveía llegar a 2.300.000.

Comparando con el total de España, las personas beneficiarias del IMV ya alcanzan un 3,9% más que el de las beneficiarias de RRMM. El número de personas perceptoras del IMV respecto a las de RRMM, es muy desigual.

En 11 Comunidades Autónomas (Castilla La Mancha, Andalucía, Canarias, La Rioja, Galicia, Murcia, Castilla y León, Valencia, Madrid, Extremadura y Aragón) hay más personas perceptoras que las que había con la Renta Mínima.

Del total de solicitudes (1.532.808, 1.392.092 descontando las solicitudes anuladas o canceladas) sólo se han aprobado una de cada 4, un 26,35%. Una cifra irrisoria que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo ni tampoco responde a las necesidades de la población azotada por las consecuencias sociales de la pandemia COVID-19. Si bien es necesario recalcar que las sucesivas modificaciones del RDL que regula el IMV han propiciado un aumento paulatino de resoluciones positivas, si en 2020 las resoluciones positivas fueron del 15,3%, en 2021 hasta marzo fueron del 27,9% y hasta septiembre del 30,4%. Habrá que esperar como se desarrollan los pocos cambios introducidos en la definitiva Ley 19/2021 por la que se establece el IMV.

En definitiva, el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia,
tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital

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