El Gobierno de las Alcaldesas, derogación de la LRSAL y la financiación local

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos establecía la derogación de Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y aprobar una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos

GETAFE/12 JULIO 2021/El pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la remodelación del Gobierno de España, tres alcaldesas pasaban a formar parte del nuevo ejecutivo. Una oportunidad histórica para acometer desde el Gobierno de España la tan esperada, como retrasada, segunda descentralización que nuestro país necesita para conceder a los Ayuntamientos los recursos, competencias y atribuciones que merecen.

Son miles de Alcaldes y Alcaldesas de toda España que esperan que el Gobierno de España cumpla con el compromiso recogido en el acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos para “derogar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y aprobar una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado”.

Esta nefasta ley suprimió de facto la autonomía local con la excusa de “mejorar el control de las arcas públicas”. Hoy las CCAA reciben los ingresos del Estado, cobran impuestos, y luego delegan sus responsabilidades en los municipios mediante la transferencia de los importes que ellas consideran adecuados. Sin ir más lejos en el caso de los Servicios Sociales madrileños la señora Ayuso en medio de la mayor crisis social y económica de la historia ha entregado para el mantenimiento y desarrollo de las políticas sociales la misma cantidad en 2020 que en el año 2019, ni un solo euro más. 

Ningún español conoce la distribución del marco competencial nacional salvo cuatro expertos en la administración pública, lo cual provoca que el ciudadano no sepa a quién reclamar en cada momento los servicios a los que tiene derecho. El invento de la denominada “delegación” de competencias de Montoro fue un absurdo juego de trileros que se ha demostrado que no sirve. 

La mayoría de los Ayuntamientos de España fueron los primeros en revertir sus cuentas durante la crisis anterior con recortes que hoy se han demostrado devastadores para hacer frente a la pandemia, hoy en muchos casos viven la absurda paradoja de tener cuentas bancarias repletas de dinero que no pueden invertir en su ciudad por absurdas reglas fiscales que les obligan a auténticos despropósitos para ejecutar actuaciones durante el mismo año, olvidándose de una adecuada planificación temporal que incida de manera real en la vida de las vecinas y vecinos de sus municipios.

Ha llegado la hora de hacer una segunda descentralización que, por fín, dote a los Ayuntamientos de un marco competencial adecuado y con una financiación derivada de la participación en los ingresos del Estado acorde a la misma. Este proceso reduciría una importante cantidad de conflictos territoriales que hoy sufre nuestro estado de las autonomías. Esperemos que ese “gobierno de las alcaldesas” tenga la sensibilidad y determinación adecuada para afrontar este reto.

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