Eliminar la tasa de reposición, la mejor vacuna para los servicios públicos

No solucionar el problema que origina la situación de interinidad en las administraciones públicas es poner un parche, no una solución real al problema

GETAFE/08 JULIO 2021/. Si algo ha demostrado la pandemia es que los únicos que protegen a la población en situaciones difíciles son unos servicios públicos fuertes. Esto ya lo reconoce hasta la propia Unión Europea cuyas decisiones tras la crisis de 2008 tomó medidas de supuesta eficiencia de gasto que se han demostrado mortales para la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas en toda Europa.

En estos días se ha hablado mucho del acuerdo del gobierno con las centrales sindicales para solventar el problema de la interinidad en la administración pública española, y sin entrar en el mismo; el origen del problema sigue sin abordarse unas tasas de reposición que impiden cubrir las necesidades básicas de las administraciones.

Han sido las restrictivas tasas de reposición las culpables del incremento del número de interinos en las administraciones, las limitaciones establecidas por ella impiden a las administraciones contratar y cubrir sus necesidades, una medida que hoy cualquier dirigente político entiende que no tiene sentido en el contexto político y social que vivimos.

Entre 2012 y 2015 las tasas de reposición (de los funcionarios jubilados) eran del 0%.A pesar del mito que contribuyó a difundir el ministro Cristóbal Montoro de que el Gobierno no aumentaba las plantillas en el sector público, lo cierto es que las necesidades se cubrieron con funcionarios interinos. Como consecuencia, el repunte de la tasa de temporalidad se disparó a partir de 2017.

Por ello las administraciones regionales y locales, de todos los colores e ideologías, se han negado a firmar el pacto que el Ministerio de Función Pública les proponía para solucionar “de manera momentánea” el origen de la interinidad del personal en las administraciones públicas. 

Desde el ayuntamiento de Madrid al de Barcelona, o de manera unánime el Parlamento de Castilla y León o los gobiernos en Cataluña o Asturias, exigen al Gobierno de España acabar con este mecanismo que ha demostrado que no funciona. Hoy vivimos la paradoja de administraciones públicas con cuentas bancarias llenas de millones de euros que no pueden contratar el personal que necesitan con las condiciones que establece la Constitución española.

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