CCOO señala las colectas para pagar tasas de selectividad como un síntoma de la desigualdad educativa en la Comunidad de Madrid

A raíz de la colecta que han realizado en un instituto de Móstoles para pagar las tasas de selectividad de varios alumnos y alumnas, es necesario denunciar la inacción de la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la Universidad a las personas que reúnen todos los requisitos y méritos, pero que tienen menos recursos, especialmente durante una pandemia que ha afectado duramente los salarios de innumerables familias. Esta situación no es un caso aislado, sino un ejemplo de la desigualdad educativa presente en la Comunidad de Madrid, resultado de una década de recortes, austeridad y privatizaciones en el ámbito universitario.

GETAFE/ 28 ABRIL 2021/. El coste de estudiar en la universidad pública ha subido 12 veces más que los salarios en la última década. La universidad se ha encarecido un 30% desde que empezó la crisis mientras los salarios han subido un 2,5%.

Dentro de estas cifras, que recogen el promedio nacional, Madrid se sitúa en el extremo: entre 2011 y 2013, la Comunidad de Madrid superó el doble del precio de las tasas universitarias. Ya por aquellos años, el movimiento estudiantil denunció que como consecuencia de la subida de tasas y de los recortes en becas, 45.000 estudiantes menos por año se matricularon en la universidad.

Aún a día de hoy, la Comunidad de Madrid es la región donde estudiar las carreras más económicas cuesta más que en el resto de España: 1.283€ anuales. Según nuestras cifras, de los 50.000 estudiantes de la Comunidad de Madrid, al menos 7.500 están en riesgo de exclusión social.

La situación no ha cambiado mucho. Aunque se supone a las universidades una vocación pública, y por lo tanto universal e inclusiva, aquellas reformas del gobierno de Mariano Rajoy levantaron un muro divisorio que aún sigue en pie. Es un muro que hace increíblemente difícil que las familias de renta baja tengan acceso a la universidad, lo cual a su vez atenta contra el principio básico de la movilidad social.

Desde aquellas medidas de austeridad que recortaron la financiación de las universidades públicas, parte de esos costes se han transferido a las familias, que tienen que salir adelante con menos becas, tasas más altas, y todo esto durante una pandemia que ha reducido el salario medio de los españoles y españolas en un 3,1%, y que ha reducido el 13% de la masa salarial.

Si se quiere mantener la vocación pública de la educación en nuestro país, y si realmente creemos en nuestra Constitución y en esa parte del artículo 27 que afirma “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”, hay que asegurarse de que cualquier familia, con independencia de sus medios económicos, pueda tener acceso a la Universidad. El acceso a la Universidad no puede depender de la caridad del profesorado o de las AMPA, sino que debe estar garantizada por la Comunidad de Madrid en tanto que servicio público.

Según la Ley Orgánica 6/2001, son las comunidades autónomas las que fijan los precios públicos de los estudios universitarios. Es, por lo tanto, a la Comunidad de Madrid a la que debemos pedir explicaciones y reformas. Y lo que deben hacer pasa por dos cambios muy sencillos a los que no pueden negarse:

Actualmente, respecto de las tasas de selectividad, sólo se contempla exención para familia numerosa sin tener en cuenta la renta, pero dado que el sistema de exenciones está ahí para paliar desigualdades, la regulación debería incorporar exenciones en función de la renta y situación familiar.

Por otra parte, las tasas de selectividad no se consideran tasas académicas, sino administrativas, y no están cubiertas por las becas, lo cual no tiene sentido, pues las tasas de selectividad también suponen un coste para las familias, y en muchos casos es un coste determinante que impide el acceso a la Universidad. Es urgente adaptar la regulación para que las becas o los mecanismos que sean pertinentes, cubran este tipo de tasas. Esta situación puede ser calificada de escándalo

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