Impuestos y servicios públicos

«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio»
Art. 31.1 Constitución Española

Eloy Galván

GETAFE/ 27 FEBRERO.- Tratar el tema de los impuestos hace subir la temperatura en cualquier conversación. Es un asunto que levanta pasiones y que suele derivar en críticas – no muy favorables – contra las Administraciones.
Sin embargo, cualquier país que se precie, cualquier ciudadana o ciudadano que haga gala de su patriotismo, y que se sienta amparado por un sistema solidario, justo y con futuro, sabe que los impuestos son imprescindibles para que la Administración pueda responsabilizarse de los Servicios Públicos que todo el mundo necesita, tanto quienes más aportan como quienes menos, quienes más poseen y las personas más desfavorecidas.


En una anterior edición de este periódico, en un estupendo artículo titulado El paisaje invisible de los hogares vulnerables, Andrés Aganzo resumía el Informe Arope, un análisis de la actual situación de pobreza que invade demasiados hogares españoles. Esta dura realidad no es exclusiva de los países europeos con menor renta, también existe en los países más desarrollados y ricos, como Alemania, Francia o Reino Unido (RU) y, desafortunadamente, se encuentra en crecimiento. ¿Qué deberían hacer las autoridades o la sociedad ante la adversidad de tantas familias que carecen de medios para sobrevivir dignamente?
Las Administraciones Públicas, los Gobiernos y la Sociedad en su conjunto, tienen – tenemos – una responsabilidad en la situación de dificultad por la que, en tiempos de crisis o de pandemia, atraviesan estos hogares. Superar estos desafíos supone que las autoridades a las que hemos votado, y la sociedad, seamos generosas con los que necesitan apoyo para vivir dignamente. Este soporte económico se llama dinero, y se obtiene a través de los impuestos.
Algunos ciudadanos y ciudadanas, sin embargo, claman contra la voracidad de las Administraciones al dictado de “los impuestos mejor en nuestro bolsillo”.


¿Tienen razón las y los ciudadanos que se quejan de que pagamos muchos impuestos? ¿Utilizan bien nuestras autoridades el dinero de los impuestos? ¿Cómo resiste España una comparación entre nuestros Servicios Públicos y los de los países desarrollados de nuestro entorno? ¿Y nuestra Comunidad Autónoma – Madrid – como gestiona los Servicios Públicos que le ha transferido la Administración Central? ¿Y nuestra ciudad, Getafe, cómo atiende a los vecinos y vecinas? A través de algunos ejemplos trataremos de responder estas preguntas.

ESPAÑA. Más impuestos permiten más y mejores Servicios Públicos

Durante décadas, hasta el año 70, los gastos del Sector Público rara vez sobrepasaron el 10% del Producto Interior Bruto (PIB). Se trataba de un presupuesto que apenas dejaba margen para unos Servicios Públicos de ínfima calidad, ya fueran las Pensiones, el apoyo al Desempleo, los Servicios Sociales, Sanidad o la Educación Pública. Esta situación resultaba altamente perjudicial para la mayor parte de los hogares, especialmente los menos favorecidos.
La estructura del actual sistema tributario se introdujo tras las Elecciones Generales de 1977 permitiendo, a principios de los 80, alcanzar un volumen de ingresos suficiente para incrementar el Gasto Público hasta un 25% del PIB y llevar adelante inversiones considerables en los Sistema de Salud, Educación y Pensiones, mejorando radicalmente los Servicios Públicos y contribuyendo, así, a implementar en nuestro país el denominado Estado de Bienestar.


En 2019, el Gasto Público en España sumó un total de 523.441 millones de €, una cantidad equivalente al 42,1% del PIB, ciertamente muy alta, pero claramente inferior a la de los países europeos de referencia.
Aunque a menudo los impuestos que las y los españoles pagamos son criticados por excesivos, los ingresos que particulares y empresas aportan al Estado en concepto de impuestos (Presión Fiscal) suponen un 35,2% del PIB, ocho puntos menos que la media de la zona euro.
En España, la Agencia Tributaria es la encargada de la Recaudación de los Impuestos. Sin embargo, mantiene una carencia – ya crónica – de medios y efectivos que impide reducir el fraude fiscal, una situación que perdura en nuestro país y que, según fuentes internas, alcanza los 35.000 millones de euros anuales, lo que causa una fuerte irritación entre las y los contribuyentes.

MADRID. ¿Impuestos para qué?

La descentralización de gran parte de los Servicios Públicos en favor de las Comunidades Autónomas ha permitido gestionar estas actividades de manera más cercana a la ciudadanía. Sin embargo, debido a la orientación política de los gobiernos de las Comunidades, existen diferencias notables entre los impuestos exigidos a la población y los resultados de las acciones de nuestras autoridades.
Así, desde hace un tiempo, la Comunidad de Madrid se encuentra en el punto de mira de otras autonomías por decisiones relacionadas, entre otras, con los impuestos de Transmisiones Patrimoniales o el Patrimonio. La fuerte bonificación que ofrece esta Autonomía en estos capítulos ha atraído a buen número de familias pudientes de otras zonas del país que buscan reducir o eliminar el pago de estos tributos, provocando protestas de otras Comunidades.
Este interés por reducir los impuestos predicado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene, como consecuencia, una menor disponibilidad de recursos para atender los Servicios Públicos.
Estos recortes económicos han relegado a la Comunidad de Madrid a los últimos puestos de gasto por habitante en buena parte de los Servicios Públicos y, consecuentemente, a los últimos puestos en cuanto a su calidad.


Un ejemplo de esta situación ha ocurrido con motivo de la presente pandemia de la Covid-19. El Gobierno de la Nación determinó el pasado mes de julio ceder – sin devolución – la cantidad de 16.000 millones de € a las Comunidades para hacer frente a esta crisis. La alta incidencia de esta pandemia en la Comunidad de Madrid, su ajustado presupuesto y la urgente necesidad de adquirir material y medios para combatir el virus comprometieron al Gobierno a asegurar transferencias de más de 3.700 millones de € a nuestra Autonomía (1.200 millones más que a otras Comunidades) para ayudar al Sistema de Salud madrileño. Y, como es conocido, hubo reclamaciones de importantes cantidades adicionales con el pretexto de aliviar los daños del reciente temporal.
Otro ejemplo del deterioro de los Servicios Públicos podemos encontrarlo en la partida que nuestra Comunidad destina a la Educación Pública que, al igual que la de Sanidad, se encuentra congelada desde hace casi 20 años. Una de las consecuencias puede medirse en los informes PISA que la OCDE realiza cada 3 años en buen número de países y regiones para comparar la calidad de la Enseñanza. Así, en las pruebas realizadas desde el Año 2000, los estudiantes de la Comunidad de Madrid, que en los primeros años de estas pruebas ocuparon los puestos de cabeza, han ido gradualmente perdiendo estas posiciones en favor de otras Autonomías, siendo relegados – en la última edición – a la mitad de la tabla. Adicionalmente, la OCDE ha destacado la desigualdad educativa en el país, lo que, asimismo, afecta a los resultados del estudiantado.

GETAFE. El Gobierno más cercano a la ciudadanía.

Las Corporaciones locales son las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, pero son las hermanas pobres del Estado. Salvo algunas excepciones, los presupuestos de nuestros ayuntamientos han sido secularmente raquíticos, lo que apenas les ha permitido cubrir las necesidades básicas de los vecinos y vecinas.Una mayor dimensión económica y financiera permitiría a los ayuntamientos asumir competencias de vivienda, de educación, de sanidad o de mayores prestaciones sociales, de manera similar a las que sustentan los consistorios de buena parte de los países europeos. Estas facultades sólo pueden asumirse por los municipios si éstos disponen de un mayor presupuesto, como también ocurre en esos países.
Este tipo de actuaciones facilitaría, por ejemplo, una política de vivienda municipal para poder atender este importante derecho consagrado por la Constitución y, prácticamente, ignorado por las administraciones públicas. O la puesta en marcha de suficientes colegios infantiles municipales, o subvencionados, para facilitar la atención de menores de 0 a 3 años cuyos padres y madres no encuentran medios ni plazas para dar solución a este problema desatendido.
A pesar de las limitaciones económicas de los Ayuntamientos, siempre hay compromisos que pueden ser perseguidos con más energía y más diligencia. Uno de ellos está relacionado con los Servicios Sociales. Un tema que debería ser centro y objetivo de las actuaciones de cualquier consistorio, con objeto de atender las necesidades vitales de los hogares más necesitados.
En los últimos años se han hecho públicos los Presupuestos de los municipios españoles, observándose que los ayuntamientos madrileños han sido, en general, los menos solidarios de España en cuanto a los Servicios Sociales. Uno de ellos es el de Getafe, que destaca entre las 30 poblaciones españolas de 100.000 a 200.000 habitantes por haber permanecido los últimos 10 años – y de manera estable – entre los últimos puestos de la lista por su escasa asignación a este apartado.
El pasado noviembre, el Consistorio anunció grandes inversiones para distintos proyectos, incluyendo varias partidas para mejoras de los Servicios Públicos. Nos motiva conocer las buenas intenciones del Ayuntamiento, aunque sólo cuando se lleven adelante entenderemos que nuestro dinero, nuestros impuestos, se están aplicando con buen fin.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *