Aborto. Un derecho en continua disputa

Silvia Rivera
Feminista de pueblo

GETAFE/ 27 SEPTIEMBRE.- Uno de los instrumentos más importantes de dominación del sistema patriarcal es el control de la sexualidad y la reproducción de las mujeres. Por eso, el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo es una demanda irrenunciable del feminismo global, en continua disputa con los sectores conservadores y religiosos.
Pero ¿por qué un hecho tan concreto y personal, se convierte en un asunto de pugna política de primer orden?
En primer lugar porque, cuando desde el feminismo hablamos del acceso al aborto, no sólo hablamos de la elección particular de una mujer a la hora de decidir si quiere o no continuar con una gestación, que también; de lo que estamos hablando son de muchas otras cuestiones vitales para avanzar en nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Hablamos de autonomía, de que a las mujeres se nos trate como personas capaces de tomar decisiones sobre nuestra vida y nuestro cuerpo, lo que supone el ejercicio de un derecho de libertad individual que se nos sigue negando o tutelando.
Hablamos de apropiarnos de nuestra sexualidad, del derecho a la libertad sexual, al placer, al disfrute de nuestro cuerpo, sin culpa y sin miedos. A vivir la sexualidad sin violencias ni coacciones.
Que la maternidad y la crianza sean una opción, no una imposición. Que podamos elegir con quién, cómo, cuándo y cuántos hijos o hijas queremos, y si queremos o no tener.
Hablamos de la necesidad de una educación afectivo sexual como factor clave en el aprendizaje de la sexualidad, sobre cómo vivirla de forma satisfactoria y placentera, libre de estereotipos sexistas, así como actuar de forma responsable en el cuidado de nuestra salud sexual y reproductiva, a la hora de prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual.
De estas y de otras muchas cuestiones son de las que hablamos cuando demandamos el derecho al aborto, de ahí la beligerancia de los sectores más conservadores ante cualquier señal de avance en su reconocimiento.
Desde hace unos años los feminismos a nivel mundial han tomado impulso, saliendo masivamente a la calle. La marea verde en América Latina, con Chile, México o Argentina, que recientemente ha logrado la legalización del aborto. O España, donde al calor del 8M se impulsó en 2018 la primera huelga feminista, colocando sus demandas en el centro del debate político.
Sin embargo, frente a estos avances en unos países, el retroceso en derechos se hace evidente en otros, como las recientes restricciones al aborto en Brasil, Honduras y Polonia.
En esta pugna por los derechos sexuales y reproductivos entra en escena la pandemia mundial por COVID-19, agravando la situación.
Si miramos a España, la crisis del coronavirus ha provocado que abortar sea aún más difícil e inseguro. Me refiero a la obligatoriedad del plazo de reflexión de “los 3 días” y a la derivación del servicio de aborto, una prestación pública, a la sanidad privada. Lo que aumenta las dificultades y la desigualdad en su acceso.
En este país cuándo una mujer decide abortar y acude a una clínica o centro médico, la ley la obliga a recoger en persona un sobre informativo e irse a su casa a reflexionar 3 días, plazo a partir del cual se le podrá citar para realizar la intervención. Este trámite es un grave tutelaje del derecho a decidir de las mujeres.
La mujer que acude a una clínica para abortar ya ha meditado y tomado una decisión; imponer por ley recoger en mano un sobre informativo y esperar 3 días para “reflexionar” supone tratarnos como incapaces de tomar decisiones y cuestiona nuestra autonomía. Pero además, en pandemia, supone desplazamientos adicionales innecesarios y peligrosos para las mujeres.
Esto se complica porque, al ser un servicio derivado a la sanidad privada (86% de abortos en 2018), muchas administraciones no hacen conciertos para esta prestación sanitaria y obligan a las mujeres a viajar a otras provincias o incluso a otra comunidad autónoma. Un ejemplo: en 30 años (de 1988/2018), 8 provincias españolas no han realizado abortos: Teruel, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo y Cáceres.
En breve, el Ministerio de Igualdad tiene prevista una modificación de la actual ley de aborto de 2010; esperemos que las demandas feministas sean escuchadas y sigamos avanzando en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Aquí y en resto del mundo.

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