Los medios comunitarios y Pablo Iglesias

La Unión Europea ha pedido a los Estados miembros que «den reconocimiento legal a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como grupo definido, junto a los medios de comunicación comerciales y públicos»

GETAFE/ 22 FEBRERO 2021/. “Es una evidencia que es necesario democratizar los poderes mediáticos en España para que haya más pluralidad, más medios públicos, regulados por concursos públicos, y para que haya medios comunitarios porque el derecho a la información no puede ser exclusivo de millonarios” con estas palabras protagonizaba el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias un debate la semana pasada en el Congreso de los Diputados que ha sido definido como por el oligopolio mediático como un ataque a la libertad de expresión.

¿Qué son los medios comunitarios?

Un medio de comunicación comunitario es aquel que no tiene ánimo de lucro y su finalidad principal es mejorar la sociedad de la comunidad a la que pertenece. Estos medios (principalmente radios y televisiones, aunque también prensa escrita) forman el llamado Tercer Sector de la Comunicación,​ siendo los medios de comunicación públicos el Primer Sector, y los privados comerciales, el Segundo Sector. 

En una resolución del Parlamento Europeo los define como “un medio eficaz de fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la identidad local” y ha pedido a los “Estados miembros que den reconocimiento legal a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como grupo definido, junto a los medios de comunicación comerciales y públicos, cuando no exista este reconocimiento legal, sin que ello vaya en detrimento de los medios de comunicación tradicionales”.

Mientras en el resto de la Unión Europea se han tomado medidas para ejecutar esta resolución promulgada en 2008 , En España sigue sin ejecutar los aspectos referidos a esta en Ley General de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley UTECA, que el Gobierno del PSOE promulgó el PSOE y que nunca llegó a desarrollar la parte que afecta a los medios comunitarios. Ahora mismo ha finalizado su periodo de audiencia pública un nuevo anteproyecto de ley general que veremos si corrige los defectos de la primera diversos colectivos han presentado alegaciones a la misma.

En ella aparecen conceptos como la rentabilidad social y una disposición tercera para solventar la falta de regulación de la actual ley para que estos medios sean regulados con sus preceptivos espacios.

Desde la Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC) han solicitado en numerosas ocasiones que las administraciones saquen un concurso específico de adjudicación de licencias para servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, tal y como se recoge en la Ley General de Comunicación 7/2010, que establece que los medios comunitarios son un servicio de la ciudadanía, gracias a la presión y trabajo de muchas personas del ámbito de la comunicación comunitaria. Sin embargo, hasta el momento, ninguna administración autonómica ha dado pasos concretos en este sentido.

Las licencias de radio, a empresas conservadoras

Mientras la Comunidad de Madrid justo antes de la entrada de la actual hacía público la lista de adjudicatarios de frecuencias de radio en la Región. Unidad Editorial fue la ‘gran triunfadora’ al hacerse  con la adjudicación de la radio generalista a través de Unidad Liberal Radio Madrid en la capital. Asimismo,  también podemos apreciar la presencia de otras emisoras con una marcada línea editorial conservadora como Radio María, que tras 10 años solicitando se hacía con una licencia, Radio Publi (Vocento) que se hacía con la licencia para emitir en tres municipios; Sauzal 66 (Grupo Intereconomía) que emitirá en cuatro o Radio Popular (Cope) que obtenía la licencia para emitir en tres municipios.

El caso de la emisora de Getafe

En Getafe era adjudicatario de una licencia en el 105.1 la empresa Task Navia, empresa vinculada al presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, amigo personal de la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Esta empresa subarrienda la licencia entre diversos postores, haciendo negocio de un derecho público exclusivo. 

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