La tasa de pobreza de las empleadas de hogar supera en más del doble la media de los trabajadores y trabajadoras asalariados

El Gobierno de España pone en marcha el plan de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social en el sector del Hogar para acabar con esta situación

GETAFE/ 07 FEBRERO 2021/. En una nota informativa publicada por el Ministerio de Trabajo la semana pasada considera que “ante la situación de crisis actual, derivada de la pandemia de la COVID-19, resulta imprescindible un refuerzo de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para velar por el respeto de los derechos de todas las personas trabajadoras, y especialmente de aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Entre estos colectivos, requiere una acción decidida el Servicio de Hogar Familiar.”

En el comunicado el ministerio explica que estamos ante “un colectivo especialmente feminizado (según la encuesta de población activa del primer trimestre de 2020, integraban este sector un total de 576.000 personas trabajadoras, de las cuales solo 71.000 eran hombres), sino que está especialmente afectado por dos elementos que determinan una importante situación de precariedad laboral:

La situación de economía irregular: las peores condiciones de trabajo se dan en la economía irregular, donde se generaliza la inexistencia de derechos laborales para las personas trabajadoras y se impide el acceso a prestaciones sociales presentes y futuras para las personas trabajadoras a las que tienen derecho en función del trabajo prestado.

Los bajos salarios con los que se retribuyen sus servicios, en ocasiones muy por debajo del SMI, y que determina que nos encontremos ante “trabajadoras pobres”. Según un estudio realizado en 2019 por Oxfam Intermón y el Laboratorio de Derecho Social del Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, la tasa de pobreza de las empleadas de hogar supera en más del doble la media de los trabajadores y trabajadoras asalariados (16,3%); y la proporción de trabajadoras con contratos a tiempo parcial cuadruplica la del resto de personas con este tipo de empleo, y rebasa con creces los índices de parcialidad involuntaria (80% frente al 55%).

Dicho plan comprende las siguientes acciones “lucha contra la economía irregular, dando prioridad a las denuncias presentadas y comunicaciones recibidas en el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, asistencia técnica y sensibilización, tanto a empleadores como a personas trabajadoras del sector y la regularización de salarios por debajo del SMI, y correlativa regularización de cotizaciones a la seguridad social”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *