OPINIÓN/ La lucha por el sistema público de pensiones es más necesaria que nunca

Paco Arias

El día 19 de noviembre de 2020, el Congreso de los Diputados ha aprobado las recomendaciones del Pacto de Toledo. La lectura de su contenido resalta la necesidad de la lucha del movimiento de pensionistas presentes y futuros para la pervivencia del sistema público, solidario y suficiente de pensiones. Hay muchos motivos para esto.
El Pacto de Toledo se limita a hacer recomendaciones. Aunque haya sido votado por la mayoría del Congreso, su aplicación dependerá de las medidas que, llegado el momento, el Gobierno y el Poder legislativo tomen. La cantinela sobre la insostenibilidad del sistema va a continuar. Así que el movimiento en defensa de nuestras pensiones tiene que continuar.
Hay recomendaciones que son positivas y, sin duda, es un claro éxito de las movilizaciones de pensionistas dadas en 2018 y 2019, especialmente las impulsadas por la Coordinadora para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Por ejemplo, se recomienda que se garantice la sostenibilidad del sistema mediante la financiación de gastos impropios de la Seguridad Social por la Administración General del Estado y, si esto fuera insuficiente, acudiendo a los recursos generados por la imposición general del Estado. También se recomienda el mantenimiento del poder adquisitivo de los y las pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real, así como su garantía por Ley. Pero qué duda cabe de que su ejecución exige la vigilancia y exigencia del movimiento de pensionistas.
Además el pleno empleo, la estabilidad en el trabajo (desterrando la precariedad) y las retribuciones altas o bajas que perciban los y las trabajadoras, son elementos básicos para la sostenibilidad de un sistema de pensiones público, solidario y suficiente. No hay duda de que sólo la lucha de trabajadoras y trabajadores y los partidos sensibles a sus reivindicaciones, pueden asegurar las reformas laborales y económicas precisas.
Otra consideración es que se mantiene íntegramente la reforma de las pensiones de 2011. Y aunque se recomienden medidas para paliar sus efectos negativos, especialmente en la brecha de género, la ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67, la ampliación del período de cálculo de la base reguladora hasta 25 años, la ampliación del plazo de cotización para obtener el 100% hasta los 37 años y el factor de sostenibilidad (aunque su aplicación está suspendida hasta 2023), son medidas que ahí siguen.
Otro aspecto más sutil es el relativo a todas aquellas recomendaciones, menos definidas, algunas de ellas interesantes y otras no, que se refieren a las prestaciones de viudedad y orfandad, las pensiones mínimas, la edad de jubilación, la brecha de género, etc. Aquí se exige una concreción en la que el movimiento de pensionistas debe participar y exigir lo que convenga al sistema público de pensiones.
Y qué decir de la recomendación 16, sistemas complementarios. En definitiva, el apoyo con desgravaciones fiscales de los sistemas privados de pensiones y de un Macro-fondo de Pensiones de empleo, promovido por el Estado, que “no va a sustituir sino complementar” el sistema público de pensiones. Sólo una movilización decidida de los y las pensionistas actuales y futuras puede evitar que este “invento” deteriore a medio plazo las pensiones públicas.
También conviene destacar la recomendación 20 sobre comparecencias anuales del Gobierno ante la Comisión y de efectuar una revisión general dentro de 5 años. Dentro de cinco años convergerán dos hechos: el desarrollo del Macro-fondo de pensiones privado de empleo y la entrada en el sistema de las y los numerosos jubilados nacidos en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. El movimiento de pensionistas hará bien en seguir esas comparecencias anuales, presentando sus exigencias, y tener la vista puesta en la ofensiva de los enemigos del sistema público de pensiones que se dará en 2024, año de elecciones, y 2025, año de la revisión general del Pacto de Toledo.

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