REPORTAJE/ El caos organizativo marca ‘la vuelta al cole’

Falta de profesorado, desinformación e improvisación obligan a la comunidad educativa a redoblar esfuerzos para garantizar un regreso seguro a las aulas

Redacción

Mascarillas, hidrogeles, protocolos de seguridad, distancia interpersonal… La vuelta al cole está siendo para toda la comunidad educativa un verdadero quebradero de cabeza en todos los sentidos, un regreso a las aulas marcado por la incertidumbre que tendrá a buen seguro repercusiones en el futuro académico y psicosocial del alumnado, pero que además se está viendo alterado por las cuestionables decisiones que se están adoptando desde la administración competente, a la postre la Comunidad de Madrid.
Cuando se decretó la pandemia y España se sumió en el Estado de Alarma, la comunidad estudiantil se vio abocada a una situación nunca antes vista. Confinamiento extremo, pérdida de contacto personal con sus profesores y profesoras, sus compañeros y compañeras, tareas virtuales para no perder (al menos no completamente) el ritmo lectivo… Una vorágine de acontecimientos nuevos, abruptos y disruptivos que les han llevado de un extremo al otro en apenas horas. Ellos y ellas, el alumnado, nos han dado una lección de resiliencia, de valor y de capacidad de adaptación al nuevo entorno, algo de lo que han adolecido ciertas personas responsables políticas encargadas, a priori, de hilvanar un plan de vuelta al colegio que garantizase, por un lado, la seguridad de toda la comunidad educativa y, por otro, que tratase de afectar de la menor manera posible al desarrollo de los y las estudiantes.
Llegado el verano, y una vez recuperada en cierta forma la llamada “nueva normalidad”, tocaba sentarse a diseñar un plan de cara a septiembre que, a tenor de lo caótico de estas primeras semanas, parece que finalmente no terminó de perfilarse de forma concienzuda. La improvisación ya no servía como excusa, habíamos pasado (a priori) lo peor de la pandemia y debíamos haber aprendido de los errores cometidos allá por el mes de marzo, cuando toda esta situación era tan descabellada como imprevisible.
El regreso a los centros educativos anunciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adoleció, precisamente, de esa capacidad de anticipación, como ha quedado de manifiesto con las incontables incidencias que se están sucediendo en multitud de colegios. Los protocolos, trasladados a las direcciones apenas unos cuantos días antes de comenzar el curso, han puesto además de manifiesto, como ya ocurriera en su día con la sanidad, la débil situación de la educación pública madrileña como consecuencia de años y años de desmantelamiento y desinversión por parte del Gobierno regional.
Pero el problema no ha sido solo este. Un año más, el periodo de escolarización en los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid puso sobre el tapete la precaria situación de la educación en la región y la carencia de plazas para garantizar la libre elección de centro.

Carencia de plazas
Allá por el mes de julio, surgió una plataforma de personas perjudicadas, bajo la denominación de ‘Colectivo de familias afectadas’, que denunciaron que “nadie de primero de Primaria ha sido admitido en los centros elegidos”, por lo que estos y estas menores se veían abocadas a ser escolarizadas “a 16 kilómetros de sus domicilios con el consiguiente perjuicio para alumnado y familias”.
Así, los niños y niñas que en septiembre debían acceder a primero de Educación Primaria en Getafe vieron vulnerados sus derechos de libertad de elección de centro educativo por la falta de plazas, algo que también se hizo extensible a familias cuyos hijos e hijas acababan su formación en escuelas infantiles y debían dar el salto a centros de Infantil y Primaria.
Raquel es madre de una niña de seis años y ha sido una de las “víctimas” de este caos organizativo auspiciado por la Comunidad de Madrid. Tras acabar el segundo ciclo en la escuela infantil correspondiente, realizó en junio la solicitud para un centro público eligiendo cuatro opciones, si bien no le fue concedida ninguna de ellas. A partir de ese momento inició un periplo de reclamaciones en la Dirección del Área Territorial Madrid Sur para tratar de encontrar una solución, junto a cerca de 30 familias de la localidad en parecida tesitura. La respuesta: poner a su disposición centros concertados. El panorama no se terminó de despejar y, después de varias movilizaciones más, llegó septiembre y la consabida situación que padecen los colegios de la ciudad como consecuencia del protocolo de la Covid-19. “Veinte días después de empezar el curso nos ofrecieron un aula en el CEIP La Alhóndiga, un colegio que a algunas de nosotras no nos venía nada bien, y no nos facilitaron ninguna otra alternativa”, lamenta. Para no agravar más el escenario que se le presentaba a su pequeña, esta madre optó finalmente por recurrir a un centro concertado, “aunque esta no era nuestra opción”, con el agravante de que su hija “ha tenido que empezar las clases un mes más tarde” que el resto del alumnado.

Desconcierto organizativo
Desde el punto de vista del profesorado, la situación no es mucho mejor. Ana, maestra de Primaria del CEIP Miguel Hernández, explica a Getafe Central cómo ha sido la travesía por el desierto que han sufrido no solo en este mítico centro educativo getafense, sino en la práctica totalidad de los colegios de la ciudad y, por extensión, de la región madrileña.
Los y las profesionales de la educación pública lamentan la escasa información por parte del Gobierno regional, que les ha llevado a tener que redoblar esfuerzos para, con la vocación como bandera, poder iniciar el curso en unas condiciones mínimas de viabilidad para toda la comunidad educativa.
“En junio y julio no sabíamos nada de cómo iba a ser la situación, de hecho no se nos comunicó hasta el 26 de agosto y sin apenas margen de maniobra”, espeta. El desarrollo de las clases está siendo posible gracias al denodado esfuerzo del profesorado, que se ha visto obligado a realizar horas extra no remuneradas para solventar el desconcierto organizativo derivado de la mala praxis de las personas responsables del Ejecutivo autonómico.
“El trabajo pedagógico no se ha podido realizar, hemos tenido que desaprovechar el tiempo en labores que no nos competen”, apostilla esta maestra.
Este contexto se ha visto agravado por un sinfín de despropósitos más, como la ausencia de profesionales necesarios que aún arrastran multitud de centros a día de hoy. “Empezamos sin el profesorado necesario, tuvimos que recibir al alumnado, especialmente en Primaria, con profesores y profesoras que no iban a ser las definitivas, con lo que ello implica; en algunos casos, los niños y niñas han tenido hasta tres y cuatro profesoras y profesores distintos, una adaptación nada cuidada que repercute negativamente en el vínculo del o la pequeña con el maestro o maestra”, subraya, para agregar que “la Comunidad de Madrid dio órdenes confusas, las instrucciones eran que siempre que se pudiera se habilitaran grupos mixtos, un caos muy grande”.
De este modo, la necesidad de crear nuevas aulas para poder rebajar las ratios y garantizar grupos más reducidos de niños y niñas no se ha visto acompañada de la necesaria inversión, anunciada a bombo y platillo por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que a tenor de los hechos ha quedado como un simple brindis al sol.
Tal y como puntualiza Ana, “al aumentar los grupos de línea 2 a línea 3, hay que contar con profesorado especialista, que nunca ha llegado y nunca va a llegar. Las y los maestros de apoyo en Infantil tienen que aumentar si aumentan los grupos, y en este momento tenemos 10 grupos de Infantil con una sola persona de apoyo”.


Conciliación
Otro de los factores que se han visto resentidos con el modelo impulsado por la Consejería de Educación en esta era de la Covid es la conciliación, gran caballo de batalla de las familias en momentos de “normalidad” y que, en el contexto actual, ha sufrido más aún las consecuencias.
En el caso concreto del CEIP Miguel Hernández, las demandas van un paso más allá. “En nuestro colegio creemos en la jornada partida por respeto al descanso de las y los niños, pero este año, por excepcionalidad, aprobamos la jornada continua”, explica esta profesora, quien además remarca que “el colegio tiene un permiso para incrementar en media hora, hasta las 16:30, su horario para facilitar así la conciliación”. “Este año también lo solicitamos para facilitar la organización de las familias, pero nos lo han denegado y muchas de ellas no llegan a recoger a sus hijos e hijas”.
El profesorado se siente desprotegido y solo en esta cruzada, cuyo componente de salud pública les coloca, en ocasiones, en un brete que no les corresponde. De hecho, son ellos y ellas quienes deben asumir labores de coordinación Covid, labores sanitarias para las que no han recibido formación, y que les obligan a tomar decisiones sobre posibles casos o confinamientos “sin asesoramiento ni ayuda”.
Con todo, ha sido el esfuerzo de padres, madres, profesores, profesoras, alumnos y alumnas el que ha logrado sacar adelante, al menos de momento, el inicio del curso lectivo. Una unión de la comunidad educativa que está dando una enorme lección a las y los responsables políticos encargados de gestionar una situación que les ha venido grande y en la que se han acabado desnudando las vergüenzas de un modelo que, a la postre, apuesta y aboga por fomentar la educación concertada y privada en detrimento del modelo público que, otrora, fue orgullo de la región.

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