El derecho a la vivienda, destrozado por los buitres

Los fondos buitre, la especulación y la escasez de vivienda pública amenazan un derecho constitucional…¿en beneficio de quién?

Redacción

37.107 personas en la Comunidad de Madrid, según datos de la Consejería de Vivienda, esperan poder acceder a una vivienda de alquiler en nuestra región. Se trata del número de personas que están apuntadas en las oficinas del IVIMA, pero cualquier persona es consciente de que son muchas más quienes recurren al mercado privado ante las enormes listas de espera que tienen las administraciones para hacer frente a un derecho a la vivienda que, como la pandemia ha demostrado, es esencial para preservar la vida humana.

Situación de la vivienda en alquiler en España.
El alquiler en nuestro país ha subido un 50% en el último lustro, mientras la capacidad adquisitiva de los salarios se ha reducido un 3% de media en la última década. Nuestro país, el peor de Europa en cuanto a redistribución de la renta, es de los pocos estados miembros donde ha crecido la desigualdad, al contrario de lo que sucedía en la media de la propia Unión. A nivel regional nos encontramos que la Comunidad de Madrid supera el incremento medio nacional y se sitúa en el 57 %, datos que en ciudades como Getafe, con una baja oferta de vivienda en alquiler, se incrementan año a año, haciendo imposible el acceso a la vivienda a cualquier trabajador o trabajadora de nuestra ciudad.
España, además, se sitúa a la cola de Europa en lo que respecta a un parque público de viviendas sociales en alquiler. Mientras nuestro país dispone del 2,5 % de viviendas de estas características, la media europea es del 10%, con los países más avanzados situados en torno al 25 %. Esta falta de vivienda pública impide a la Administración intervenir en el precio de mercado por la vía de la demanda. Las empresas públicas de vivienda, creadas por los diferentes estamentos de la Administración, se han dedicado a construir viviendas para la venta, pese a que la última década ha demostrado que, incluso en España, las tendencias sociales están llevando a un incremento del uso de la vivienda en alquiler y una reducción de la propiedad.
En este sentido, el Gobierno de España considera necesario que nuestro país debe invertir el 1,5 % del PIB en vivienda para poder revertir esta situación, según datos del propio Ministerio de Hacienda; para el próximo presupuesto del Estado se prevé un incremento del 38% en la partida de vivienda.
En la Comunidad de Madrid no solo no se ha incrementado el parque público de viviendas; al contrario, se ha producido la venta irregular, según dictaminó el Tribunal Supremo, de miles de viviendas de patrimonio público a fondos buitre, realizada por el Gobierno regional del Partido Popular hace unos años. Esto provocó la pérdida del 14 % del patrimonio público madrileño; todo esto en una región que hoy destina millones de euros para mantener viviendas cerradas frente a posibles ocupaciones porque es incapaz de gestionar adecuadamente la elevada demanda de viviendas en la región, mientras continúan subiendo los precios.
Desde el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid han mostrado en redes sociales su oposición a las propuestas del Gobierno de Diaz Ayuso para seguir fomentando la burbuja inmobiliaria con fondos públicos “en lugar de regular los alquileres para que podamos salir de casa de nuestros padres”.
La otra vía de limitación a las abusivas subidas de precio del mercado inmobiliario español son las legislativas, que proponen formaciones políticas como Unidas Podemos. El Gobierno de España recientemente presentaba un índice de precios de alquiler de referencia como primer paso para permitir a los Ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, limitar los precios en aquellas zonas que se considere necesario. Recientemente, Cataluña aprobó una ley de limitación de los alquileres abusivos tras un acuerdo con el sindicato de inquilinos e inquilinas de la región.
Esta limitación de los precios del alquiler se ha realizado también en diferentes ciudades de Europa con bastante éxito. París, Berlín, Viena… son ejemplos de ciudades donde se están tomando medidas en este sentido.

¿Por qué continúa subiendo el precio del alquiler?
Desde la anterior crisis, el mercado de vivienda en nuestro país ha vivido un proceso continuo de especulación: las entidades bancarias se quedaron con un inmenso número de viviendas debido a los desahucios originados por la crisis financiera de 2008; dichas viviendas han sido transferidas a fondos especulativos con reducciones de precio cercanas al 50 % y han comenzado a llegar poco a poco al mercado del alquiler, que aporta rentabilidades muy altas, como demuestran los datos citados anteriormente, superiores a casi cualquier otra inversión, salvo las empresas tecnológicas.
La crisis sanitaria que vivimos ha provocado un terremoto en esas entidades, que ahora necesitan liquidez para cubrir otras inversiones y que, ante una previsible recesión económica con despidos y reducción de salarios, vuelven a reclamar del sector público y del bancario ayudas económicas e hipotecas para promover la venta de aquellos activos que la situación ha colocado en riesgo ante la nueva realidad económica.
El mercado español del alquiler está dominado por sociedades de inversión (SOCIMI) para especular en bolsa, que tienen como accionistas a bancos y fondos buitre. Estas entidades no pagan el impuesto de sociedades y en un número importante de casos su sede social está ubicada en paraísos fiscales, lo que provoca una fuga de capitales considerable para las arcas públicas del Estado, en un mercado inmobiliario totalmente desregulado por décadas de políticas neoliberales que han venido ejerciendo los diferentes gobiernos de España.

El bulo de la ocupación.
Sin embargo y pese a la situación de la vivienda en nuestro país, los medios ponen el foco en la ocupación, a pesar de que las denuncias por viviendas ocupadas han disminuido en el último año, por ejemplo en Madrid un 9,5%, según las cifras del Ministerio del Interior.
En la Comunidad de Madrid existen ahora mismo 4.000 viviendas ocupadas, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Vivienda. Es decir, prácticamente las mismas que hace cuatro años. En palabras de un portavoz de la Consejería de Vivienda “A casi nadie le ocupan su vivienda habitual, siempre suelen ocupar viviendas de bancos”.
Desde el sindicato de inquilinos e inquilinas, ven claramente que está habiendo una campaña de criminalización. “Ha habido grandes medios que hasta a la situación de impago del alquiler le han llamado ocupación”.
Además, pese a los continuos bulos que circulan al respecto, la policía puede actuar en cualquier momento si los ocupadores ilegales han entrado en la vivienda- tanto si es la habitual como si se trata de una segunda residencia-, aunque hayan pasado más de 48 horas desde la ocupación, y desalojar la vivienda. Se consideraría un delito flagrante.
Conociendo la realidad de las cifras, suena a broma de mal gusto el que alarmen a la población con que su vivienda pueda ser ocupada.
Pareciera, a la luz de los datos, que hubiese algún tipo de interés detrás de este montaje mediático basado en el miedo. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Eso sí, con la tranquilidad de la diminuta posibilidad de que le ocupen su vivienda.

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