De la crisis de los desahucios a la crisis de las ocupaciones ¿A quién le interesa el cambio?

Frente a la defensa del derecho de la vivienda que hace el Gobierno, la derecha política y mediática se ha quedado sin argumentos para mantener un modelo de vivienda obsoleto en toda Europa sostenido por un falso argumento en defensa de la propiedad privada

GETAFE / 28 JULIO 2020/. Nadie ha sido ajeno estos días al tradicional bombardeo informativo que sufrimos desde todos los frentes mediáticos para avisarnos de los “terribles” sucesos que por toda la geografía española se suceden ante la “oleada” de incrementos de ocupaciones de viviendas en nuestro país.

Este situación es cíclica en el panorama informativo nacional y suele ser uno de los temas veraniegos por excelencia con el afán de vender “alarmas” para dar seguridad a nuestras viviendas, en estos momentos incluso un multinacional tecnológica española se ha sumado a este negocio aportando su marca a un producto estrella en formato de “joint venture” con una cadena líder del sector.

Pero a la tradicional situación del sector se une un panorama político con un gobierno de coalición progresista que lleva meses defendiendo ante las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria originada por la Covid-19 impedir los desahucios y el establecimiento en la moratoria de los alquileres de los grandes tenedores de viviendas en nuestro país.

«Más del 90% de las viviendas ocupadas pertencen a grandes tenedores de vivienda»

Frente a esta situación la derecha política y mediática de nuestro país a puesto en marcha con la mayor virulencia posible todo su arsenal para demostrar la “grave” situación de ocupaciones que vive nuestro país, algo que los datos extraídos de las memorias del Consejo del Poder Judicial desmiente de manera absoluta aún más si cabe desde la conocida como ley de desahucio express de 2018.

Es cierto que parece ser que los datos de 2020 van a ser peores que los de 2019 pero resulta más evidente que nunca que no se debe a la necesidad de “endurecer” la ley del PP y del PdCat de hace dos años, sino a la situación de crisis social y económica derivada de la covid-19.

Falta de políticas de vivienda social en España

La crisis sanitaria originada por el virus ha mostrado de nuevo la carencia de una política de vivienda social en nuestro país. España carece de  un parque público de vivienda de alquiler social como sucede en el resto de Europa, los datos son alarmantes en nuestro país ese parque público no llega al 2% mientras que en otros países de Europa de los que se habla mucho últimamente como los Países Bajos se sitúa en el 34%, Austria un 24% o Dinamarca el 19%.

Además según denuncian los colectivos de afectados por los desahucios, que explícitamente condenan las ocupaciones de viviendas de particulares, los datos sobre el número de viviendas que se ocupan a los grandes tenedores de viviendas superan ampliamente el 90 % de ahí los esfuerzos “ingentes” que los medios de comunicación tienen que hacer para lograr encontrar algunos casos particulares.

¿A quién le interesa el cambio?

En estos últimos años se ha creado ASVAL una asociación de propietarios de vivienda en alquiler encabezados por el ex alcalde socialista Joan Clos, un lobby para defender supuestamente el interés de los propietarios particulares de viviendas en alquiler que dice agrupar 30.000 viviendas en España pero no nos dice cuántos socios tienen, aunque como un reciente estudio del Observatorio Metropolitano de Vivienda de Barcelona ha demostrado solo en esta ciudad un 2 % de los propietarios acaparan un tercio del mercado del alquiler en Barcelona como explicaba la semana pasada el diario El País.

Esta defensa a ultranza de la propiedad privada frente al derecho a la vivienda tiene un claro componente ideológico, sin ir más lejos en la Comunidad de Madrid el denominado Pacto por la Vivienda es la enésima excusa del Partido Popular para favorecer los intereses de estos lobbys para generar un mercado privado del alquiler que acaparan los fondos buitres que años después de estas cesiones incrementan los precios a sus inquilinos no dejando lugar en muchas situaciones a más salida que la ocupación de sus viviendas ante la imposibilidad del pago, aún más complicado en situaciones de crisis como la que vivimos.

Una vez más los intereses privados de unos pocos quieren volver a enfrentar la lucha de último contra el penúltimo con el único objetivo de hacer frente a las políticas en defensa del derecho a la vivienda que poco a poco intenta implantar el gobierno de coalición progresista en nuestro país.

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